El pasado 30 de enero, Estados Unidos advirtió a Venezuela que restituiría a partir del mes de abril las sanciones económicas -específicamente a la industria petrolera y la actividad gasífera- si el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con los acuerdos de Barbados. “Particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año», dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
La advertencia del gobierno de Joe Biden de no renovar la Licencia General Nº 44 otorgada en octubre del año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) se produjo después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación política de María Corina Machado, candidata de la Plataforma Unitaria a las presidenciales de este año, y de Henrique Capriles, exgobernador de Miranda.
La posibilidad de que se reimpongan las sanciones contra Venezuela hace que los escenarios político, económico, electoral y humanitario cambien y aunque los expertos consideran que todavía es prematuro dar por finalizadas las negociaciones, aseguran que los más perjudicados serían los venezolanos.
El presidente de la ONG Acción Solidaria, Feliciano Reyna, aseguró que es “muy preocupante” que se apele al sistema de sanciones sectoriales y petroleras por los efectos que puedan tener en la economía y, por ende, en la población venezolana.
“La mayoría de la población que todavía está pasando tanto trabajo en el país puede verse afectada nuevamente por una economía estancada que no ofrezca posibilidades de que esas mejoras lleguen a una mayoría de la población que las necesitas. Estamos hablando de 67% de la población que está viviendo en pobreza multidimensional», aseveró.
A su juicio, lo complejo de las sanciones es que no “llevarán a una solución del conflicto político ni favorecerán las negociaciones o mejoras, que no terminan de darse”.
Destacó que ante el empeoramiento de la situación interna de Venezuela, donde más de 20 millones de ciudadanos están en condiciones de pobreza, es muy posible que la única salida que vean los venezolanos sea la migración.
“No solamente estarían pensando en Estados Unidos, sino también en los otros países de la región. Con todos los daños que esta migración acarrea sobre todo a personas que ya viven de manera precaria. Los riesgos a los que se exponen es algo que de verdad quisiéramos evitar en lo posible”, afirmó.
Para Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, el impacto de la eliminación de licencias podría ser “dramático” en materia migratoria. “Primero, porque afecta el desarrollo de la economía y, al final, quien termina pagando la peor parte de ese proceso es la población que tiene que sufrir procesos más impresionantes de contracción, infraestructura, de crisis, que empujan a decisiones migratorias, porque al final estás afectando directamente su calidad de vida”.
De hecho, de acuerdo con Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas y profesor de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos, el impacto mayor que han tenido las sanciones en Venezuela es una “combinación de represión, mal manejo de la economía y el gran flujo migratorio que se ha producido”.
Según cifras oficiales y estimaciones reportadas por los países de acogida y compiladas por la Plataforma R4V Link is external, a agosto de 2023 había más de 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela en todo el mundo.
En ese escenario, Gamarra anticipó que entre las consecuencias del regreso de las sanciones a Venezuela es que aumentará el número de migrantes venezolanos en el mundo: “La crisis humanitaria venezolana va a aumentar de una manera impresionante y no solo acá en la frontera, sino en Venezuela”.
Aseguró que en el contexto electoral de Estados Unidos la migración ilegal se ha convertido en el tema central y eso hace que la presión de deportación de venezolanos aumente, así como la presión para que cierren las fronteras. “Quizás si Venezuela no acepta la deportación, los deportarán a México o a los países de donde vinieron, o por donde pasaron y eso genera una presión enorme sobre cada país”.
Phil Gunson, investigador y analista senior para la región andina de Crisis Group, precisó que indudablemente el empeoramiento de la situación económica y política aumentaría el flujo migratorio venezolano.
“Las encuestas indican que un gran número de personas -quizá hasta un millón y medio- ya está haciendo planes para irse. Muchas de estas personas probablemente no tengan esperanzas de que la situación mejore, aún en el caso de que Estados Unidos mantuviera el alivio actual a las sanciones y se celebren elecciones”, indicó.
A eso se le suma, agregó, “el agravante de que el gobierno de Maduro amenaza con romper el acuerdo sobre migrantes que permite a Estados Unidos devolverlos directamente a Venezuela. Eso le complicaría mucho a Biden el tema de la frontera y quizás lleve a un nuevo pico de migración irregular por la frontera suroeste de Estados Unidos”.
Ante ello, el asesor senior para Venezuela del Atlantic Council, Geoff Ramsey, comentó que el éxodo masivo de venezolanos tanto hacia Estados Unidos como a otros países del mundo “continuará a menos que Venezuela vea estabilidad económica, pero eso no ocurrirá sin avances en los acuerdos políticos”.
¿En jaque la economía y la actividad petrolera?
Los expertos tampoco descartan el fuerte impacto que tendría en la industria petrolera venezolana y por tanto en la economía del país, que se revierta la Licencia General Nº 44.
Al respecto, Phil Gunson apuntó que si bien Estados Unidos ya revocó la Licencia Nº 43, dando plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realicen transacciones con la minera estatal venezolana Minerven liquiden sus operaciones, “el impacto económico es muy pequeño”.
Sin embargo, considera que si en abril no se renueva la licencia petrolera, “eso sí tendrá un impacto importante. De hecho, ya la anticipación de que eso podría ocurrir tiende a frenar cualquier plan de inversión”.
Por su parte, Luis Vicente León alertó que, asumiendo que se reimpongan completas todas las sanciones petroleras, esto afectaría no solamente la capacidad productiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al Estado, sino también a las empresas privadas.
“La incapacidad o imposibilidad de colocar productos petroleros y gasíferos en el mercado occidental generará una restricción importante de recursos y flujo que reduce sin duda la capacidad de la economía” venezolana, explicó.
Advirtió que en el escenario de reimposición de sanciones está claro que Venezuela consolidará lo que venía realizando en los últimos seis años: “Recordemos que independientemente de las sanciones Venezuela no dejó de producir petróleo ni de exportarlo. Lo redujo de manera significativa, pero fue colocando productos en el mercado oriental, en China, a través de los mercados negros, lo cual regresaría a algo que ya se conocía”.
En ese sentido, aseveró que “lo que va a haber es un retroceso hacia los elementos del mercado negro, opacidad, corrupción, descuentos que ya viviste, pero que te permitieron tener flujo de caja que garantizara la permanencia en el poder del gobierno”.
De acuerdo con los cálculos del presidente de Datanálisis, tomando en cuenta que 2024 es un año electoral, “la economía podría presentar un crecimiento entre 2% y 3%, pero no el crecimiento de 8% y 12% que se estaba esperando, lo que sería un retroceso importante en las expectativas de crecimiento”.
Para Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, si Estados Unidos revierte las licencias otorgadas a Venezuela, “el panorama sería muy distinto”. Proyecta que el crecimiento anual sería de apenas 4,5%, mientras que el de consumo se ubicaría en 4%.
En contraste, pronostica que si se llegase a un acuerdo y se mantiene el alivio de las sanciones, “se calcula que la economía venezolana podría crecer hasta 10% y el consumo por encima de 15% para el cierre de 2024”.
En esa misma línea, el economista Luis Oliveros dijo en entrevista con Unión Radio. que “si las sanciones vuelven en abril, todos los escenarios de 11% de crecimiento, incremento en el consumo de 12% o más serían ahora diferentes”, aunque también considera que las sanciones no volverían “como las conocimos antes”.
Recalcó que esto podría incidir incrementar la inflación, registrar menor actividad económica y una “reducción de la cantidad de dólares que se llevan al mercado, dada la falta de operaciones de empresas estadounidenses”.
Esto, según Eduardo Gamarra, acabaría con la promesa y esperanza de una pequeña recuperación económica para Venezuela. “Si se reimponen las sanciones, probablemente esa recuperación va a desaparecer. Aunque Venezuela ha sido muy hábil en evadir sanciones, ahora estaba muy confiada en mantener esa recuperación, incluso invitando a los europeos a invertir en el sector petrolero. Todo eso hoy probablemente está paralizado, por lo menos después de abril sí va a tener un impacto económico”.
A criterio de Geoff Ramsey, “económicamente, Venezuela probablemente continuaría con su trayectoria actual, es decir, podría ver un ligero crecimiento este año. Se habría beneficiado de seis meses de sanciones flexibilizadas y no está claro si el gobierno de Estados Unidos pondría fin a las licencias y permisos individuales que algunas empresas europeas y otras han recibido”.
No obstante, el panorama cambiaría a largo plazo y las perspectivas económicas serían muy negativas, señaló. “Venezuela tendría que renunciar a la idea de reconectar su actividad económica con Occidente y, en cambio, buscar oportunidades en el Este, lo que tomará mucho tiempo para generar crecimiento”.
¿Repetir los mismos errores?
Luis Vicente León es de la opinión de que la negociación entre los gobiernos de Biden y Maduro aún “no está muerta”. “Es una negociación que sigue porque hay muchos costos en la eliminación del proceso de flexibilización o de la destrucción final de los acuerdos de Barbados, que incluiría la reimposición de sanciones, pero que no necesariamente significaría el regreso del origen”.
El también economista recordó que las sanciones no funcionaron como mecanismo de presión para salir del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que cuestiona que Estados Unidos utilice la misma estrategia después de abril. “Sería una decisión bastante pobre en términos de eficiencia”.
“La reimposición de sanciones no significa la incapacidad de manejo del gobierno o la salida de Maduro por asfixia, porque ya no ocurrió durante muchísimos años, como tampoco lograron con eso presionar procesos de negociación o cambio”, recordó León.
Lo que se viene atrás, a su juicio, “es la posibilidad de que Europa pueda tener un proveedor más estable de gas en medio de la guerra con Ucrania. Se viene atrás la estabilidad en el proceso político venezolano e incluso, la posibilidad de tener unas elecciones competitivas”.
En lo político Geoff Ramsey y Eduardo Gamarra coinciden en que la reimposición de las sanciones económicas probablemente “ocurriría en un contexto de represión cada vez más profunda”.
“El gobierno usaría las sanciones para justificar el cierre de libertades y eso significaría que las posibilidades de unas elecciones en 2024 que Estados Unidos pudiera reconocer se reducirían a cero. La crisis política en Venezuela se prolongaría sin solución a la vista”, expuso Ramsey.
Por lo tanto, considera que “el mejor curso de acción es que el gobierno de Maduro se comprometa con las condiciones electorales técnicas del acuerdo de Barbados y demuestre que puede producir unas elecciones que la comunidad internacional puede reconocer”.
En tanto, “una de las fórmulas que ellos están utilizando y mi impresión es que la van a continuar utilizando, es la retaliación contra del movimiento (Vente Venezuela) que lidera María Corina Machado. No solo es probable que van a aumentar los arrestos y las acciones represivas contra ese movimiento y contra cualquier grupo o persona que intente decir que la candidatura de María Corina es legítima”, indicó Gamarra.
En su cuenta en X, Luis Oliveros se adelantó al advertir que el escenario que se plantea “no solo radicalizará aún más a quienes están en el poder, sin mejoras en lo económico. Las condiciones de muchos venezolanos y empresas privadas empeorarán. No sé cómo el regreso de las sanciones presiona al gobierno a habilitar a María Corina Machado, al contrario”.
“Uno pensaría que ya esa lección había sido aprendida (aunque siempre tenga sus dolientes). Por ejemplo, ya no solo la culparán de perder Citgo, también de la crisis económica que vendría. Si uno de los objetivos de Estados Unidos con todo esto, era disminuir el flujo migratorio, el efecto será el contrario. Ojalá que veamos otras acciones y estrategias. Repetir fracasos nunca es una buena idea», añade.
Es por ello que Feliciano Reyna concluye que “ojalá viéramos que todo este camino de negociaciones políticas, con todas sus dificultades, con todos sus innegables desafíos, pudieran seguir llevándose adelante y que generáramos dentro del país condiciones para que las personas no sientan la obligación de salir”.