El gobierno del presidente saliente Joe Biden condenó la investidura de Nicolás Maduro, que tuvo lugar el viernes 10 de enero, pero evitó, una vez más, cancelar las licencias que permiten a algunas petroleras operar en Venezuela.
Tanto el demócrata como su sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, que jurará el cargo del 20 de enero, consideran como “presidente electo” al opositor Edmundo González Urrutia.
Por lo pronto Washington se abstiene de suprimir las licencias individuales concedidas a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol o la francesa Maurel & Prom.
Las licencias se seguirán aprobando “caso por caso”, informó a periodistas un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.
“Están sujetas a evaluación y, sin duda, en función de la evolución de los acontecimientos durante los próximos 10 días, estamos preparados para hacer un conjunto de recomendaciones a la administración entrante”, afirmó un funcionario en una rueda de prensa telemática.
Biden parece optar por dejar la puerta entreabierta para la negociación con el gobierno de Maduro, que afirma haber detenido a dos funcionarios estadounidenses, uno “del FBI” y otro “militar”, que vincula con un supuesto complot planificado por Washington.
Aun así, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), impuso sanciones a ocho altos funcionarios venezolanos, incluidos el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, y el ministro de Transporte y el presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, informó el viernes el Departamento del Tesoro.
Con información de AFP
