La Asamblea Nacional aprobó el jueves 28 de noviembre la ley que ordena entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas al gobierno y a las autoridades del Estado.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor, incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos».
Tampoco podrán concurrir electoralmente quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades.
A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local (bolívares) y con la tasa del euro como referencia.
La aprobación de la ley llega después de que el pasado viernes la Fiscalía anunciase la apertura de una investigación contra la dirigente opositora María Corina Machado por apoyar un proyecto de ley, llamado la “Ley Bolívar”, aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que prohíbe a instituciones del gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo de Maduro.
La ley aprobada por el Parlamento venezolano también considera crímenes de lesa humanidad las sanciones internacionales, después de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del gobierno.
Este nuevo marco legal también define como «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento a la legitimidad de poderes públicos o el reconocimiento de investiduras de sujetos que «simulen» representar el poder público.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo «presunción fundada» de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una «extinción de dominio» para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
Con información de RTVE