La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, destituida en 2017 por la asamblea nacional constituyente, está implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano, informó la agencia de noticias AP.
Ortega Díaz no ha sido mencionada por su nombre en el caso federal de Miami, pero el empresario señalado, Carlos Urbano Fermín, se declaró culpable y admitió haber pagado alrededor de 1 millón de dólares en sobornos a “un fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier investigación sobre sus contratos de construcción con Pdvsa.
Dos personas familiarizadas con el caso dijeron a AP que el funcionario no identificado es la fiscal, que no respondió a la agencia ninguna solicitud de declaración.
Fermín dijo, continúa AP, que entre 2012 y 2016 sus empresas lograron numerosos contratos de tres empresas conjuntas de Pdvsa con compañías extranjeras como China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia y Total de Francia. SA.
En 2017 la oficina de Ortega Díaz tenía una investigación sobre la adjudicación de contratos con las empresas conjuntas en el cinturón del Orinoco, y un abogado cercano a la fiscal se acercó a Fermín prometiéndole que podría anular cualquier investigación criminal a cambio de 1 millón de dólares.
Luisa Ortega Díaz se alejó del chavismo en 2017 en medio de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Por sus críticas la constituyente la destituyó y puso en su lugar a Tarek William Saab, quien emprendió desde entonces varias investigaciones en contra de la fiscal.
Pero Ortega Díaz no ha podido borrar la reputación que se ganó durante sus años como funcionaria de Hugo Chávez y Maduro. De hecho, dice AP, en Estados Unidos se negaron a concederle una solicitud de viajar a Washington.
En los últimos años la funcionaria ha pretendido asumir un liderazgo disidente, publicando declaraciones en sus redes sociales y criticando al régimen de Maduro.
Fuente: AP