El Tribunal de Cuentas fiscalizará mediante una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Casa Real y en qué gasta su presupuesto, según se recoge en el decreto aprobado por el Gobierno sobre la estructura y el funcionamiento de la Jefatura del Estado para reforzar su transparencia.
Casa Real en la palestra pública
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el decreto, un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos.
Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para fiscalizar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso.
Bolaños ha informado de que en próximas fechas se va a aprobar un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar «las imagen fiel del patrimonio y la situación financiera» de la Jefatura del Estado.
Otra de las medidas recogidas en el decreto es que la Casa Real deberá a partir de ahora dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.
Ha explicado además que la normativa recoge a todas las medidas en favor de la transparencia que Felipe VI ha aprobado desde su proclamación en junio de 2014 y que hasta ahora no tenían rango legal.
Incluye que los altos cargos de la Casa del Rey han de publicar su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha.