El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 56 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2023 en Venezuela.
«La Política de Criminalización, Represión y Control Social avanzó en el contexto preelectoral, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se enfrentaron a graves riesgos», aseguran en su más reciente informe.
Explican igualmente que a medida que avanza el cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país, los ataques en contra de las personas defensoras aumentan.
«La violencia de Estado, se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición», sentencia el CDJ.
Detallan que los 56 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.
Destacan igualmente que, a partir del 28 de Julio, en el contexto de represión post-electoral se registró el 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes.
«Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en el contexto de eventos electorales afectó el desarrollo de actividades de la sociedad civil de forma segura y sin temor a ser objeto de represalias y agresiones», precisan.
Los 56 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de DDHH
El CDJ sostiene que los 56 hechos documentados durante julio de 2024 generan gran preocupación pues se originan en un contexto de aumento generalizado de la violencia y la represión estatal. «El derecho a defender, exigir y promover los derechos humanos se ve afectado directamente en tanto quienes realizan estas actividades se encuentran bajo un constante ataque por parte del Estado».
«En el contexto electoral se vio afectado el Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos fuese cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundizó la Política de Criminalización, represión y control social», indican.
Revelan que los patrones de agresión se aplicaron con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. En particular durante el mes se vieron afectadas aquellas personas y organizaciones que documentaban o realizaban actividades en torno al proceso electoral.
«Quienes velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor».
Sostienen que «la violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático».
«Preocupa en el contexto post-electoral las vulneraciones al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos. Sus actividades deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias».
Finalmente advierten que «ante la continuidad de la crisis socio-política y una emergencia humanitaria compleja que sigue vigente, el trabajo de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, resultan más necesarios, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias».