A María Corina Machado le fue impuesta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público mediante una resolución, de fecha 13 de julio de 2015, por el período máximo previsto en la Ley Contra la Corrupción.
Esta información la suministró el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito; luego de informar la respuesta emitida por la Contraloría General de la República, a su comunicación de fecha 26 de junio de 2023, por medio de la cual quiso conocer el estatus de la inhabilitación de Machado, para ejercer funciones en la Administración Pública.
El oficio emanado del Máximo Órgano de Control Fiscal del país, número DGPE-23-08-00-008, dirigido a Brito indica, entre otras cosas, que la investigación patrimonial encontró que la ciudadana María Corina Machado Parisca, «está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años».
Brito comentó este viernes ante los periodistas que «en lo particular sólo me queda decir que hay que repensar la política, hay que repensar las estrategias y, en todo caso, para una construcción de una gran alternativa de cambio, tenemos que entender que el interés individual no puede estar por encima del interés colectivo», añadió.
¿Cuáles son esas supuestas irregularidades?
En el documento entregado a la prensa se nombra, entre otras razones, que «se determinaron errores (sobre estimaciones y subestimaciones) así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en la auditoria patrimonial seguida a Machado Parisca.
Se determino la existencia de fondos administrados por justificar que representó un porcentaje cerca del 50 % de los fondos en el periodo evaluado.
Que son hechos públicos y notorios que la ciudadana ha sido partícipe de la trama de corrupción orquestada «por el usurpador Juan Guaidó».
También denuncia el oficio que supuestamente la candidata de Vente Venezuela habría entregado la empresa Citgo Holding y Citgo Petroleum, con un valor aproximado de 34 mil millones (millardos) de dólares, a la empresa canadiense Crystallex por un valor de 1.500 millones de dólares. Y que esto habría causado un daño patrimonial a la Nación de 32.500 millones de dólares.
De igual modo se le acusa de entregar la empresa Monómeros al expresidente colombiano, Iván Duque; «la cual fue llevada a la quiebra». Así como también el supuesto secuestro y robo de 31 toneladas de oro, cuyo valor está estimado en 1.000 millones de dólares, «por parte del gobierno de Inglaterra y su monarquía».
Dice el documento de la Contraloría que Machado Parisca habría participado en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, «que propició el bloqueo criminal», generando como consecuencia que unos 10 millones de dólares fueran bloqueados por las sanciones internacionales impuestas al Estado venezolano, «impidiendo completar el monto requerido para ser beneficiario del mecanismo Covax, creado por Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la inmunización».
Citan, también, que ella fue supuesta cómplice de «una trama de corrupción» conocida como El Cucutazo, que habría sustraído 99.100 millones de dólares, provenientes de la ayuda humanitaria.
Entre otros motivos, por los cuales se le acusa, también integran la lista, la supuesta solicitud de Machado al bloqueo y sanciones contra la Nación; que ha perjudicado la salud del pueblo venezolano, porque habría impedido la compra de medicamentos antirretrovirales, así como la llegada al país del tratamiento contra la malaria y el sarampión, entre otros.
No le falta al documento mencionar que «el sabotaje de los Estados Unidos contra la salud de los pacientes en Venezuela» ha impedido que lleguen unas 300 mil dosis de insulinas: En virtud de que la entidad financiera Citibank negó que el Gobierno utilizara esos recursos dejando a más de 450 mil pacientes dependientes sin tratamiento.
Así como también, su petición de bloqueo y sanciones contra el país habría causado que los pacientes oncológicos y, muy especialmente, los niños no recibieran sus tratamientos.
A María Corina Machado le adjudican, incluso, la migración «de cientos de venezolanos»; quienes tuvieron que irse del país: «En principio fueron utilizados para atacar a la República y posteriormente objeto de xenofobia, hoy día han sido repatriados por el Plan Vuelta a la Patria».
Ella también habría incumplido el artículo 191 de la Constitución, pues aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la OEA, a partir del 20 de marzo de 2014, cuando todavía era diputada de la Asamblea Nacional, «incumpliendo con el deber de honrar y defender la Patria», señala la comunicación oficial.
El documento fue firmado por Antonio José Meneses Rodríguez, director general de Procedimientos Especiales.
Fuente: Nota de prensa