La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes, todos los obstáculos a la participación de candidaturas opositoras en el proceso electoral venezolano, incluyendo aquellos que impiden la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones presidenciales de 2024.
«Impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral, corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad. En consecuencia, se anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas», sentenciaron en un comunicado.
Recordaron que desde el día 21 hasta el 26 de marzo, dirigentes de la oposición venezolana denunciaron ante la opinión pública y el Consejo Nacional Electoral que no podían acceder al sistema automatizado de postulaciones por problemas técnicos. Llegada la fecha límite para la inscripción de candidaturas, el día 26 de marzo, la candidata Corina Yoris no pudo formalizar su inscripción en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la persistencia de dichos problemas.
«La Comisión reitera que estas acciones restringen la oferta electoral de los sectores opositores, desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo. A los obstáculos denunciados por la candidata opositora Corina Yoris, se suman otros actos antidemocráticos como la inhabilitación administrativa de los líderes opositores María Corina Machado y Henrique Capriles, así como las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel y dirigentes de partidos políticos de oposición, entre otros», indicaron.
Sostienen que en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. «En el caso venezolano es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación de la población en asuntos de interés público. La CIDH llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del Poder Electoral, del Poder Judicial y demás poderes públicos. Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».