La estrategia de rescate e inversión de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, que se trazó la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó y que se anotó como un éxito el reciente refinanciamiento de deuda por 1.870 millones de dólares, ahora es puesta en jaque por la decisión de un tribunal estadounidense, que abre la posibilidad a un embargo de la compañía a favor de la empresa Crystallex.
La Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la apelación que solicitó PDVSA de anular la orden que le permitiría a Crystallex tomar activos de la petrolera con el fin de cobrarse 1.400 millones de dólares que le debe el Gobierno venezolano por la revocatoria de la licencia en las minas Las Cristinas, que ordenó en 2008 el presidente Hugo Chávez.
Los alcances de esta decisión están siendo evaluados por los equipos jurídicos del gobierno que encabeza Nicolás Maduro y del que asesora al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dirigido por el abogado José Ignacio Hernández, nombrado por el Parlamento como procurador especial.
A los representantes de Maduro se les dificulta actuar en Estados Unidos por la decisión del presidente Donald Trump de no reconocerlos como mandatario de Venezuela para el período 2019-2025.