Un alto funcionario del Departamento de Justicia reveló que la administración de Donald Trump planea presentar al menos 250 casos de revocación de la ciudadanía para octubre, intensificando significativamente sus esfuerzos para retirar el estatus a las personas naturalizadas en Estados Unidos.
En menos de dos meses este año, el Departamento de Justicia ha presentado 29 casos de revocación de la ciudadanía contra estadounidenses nacidos en el extranjero a quienes acusa de obtener la ciudadanía estadounidense de forma fraudulenta, advierte CNN.
Los abogados litigantes civiles están revisando activamente casos adicionales para presentar, ya que el departamento está acelerando el ritmo, que ya ha superado el de años anteriores: entre 2008 y el 12 de junio de 2026, se presentaron 166 denuncias de desnaturalización, un promedio anual de menos de 10, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
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Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, la administración Trump planea presentar al menos 250 casos de revocación de la ciudadanía para octubre, intensificando significativamente sus esfuerzos para retirar el estatus a las personas naturalizadas en Estados Unidos.
Esta iniciativa forma parte de la agenda inmigratoria más amplia y agresiva del presidente Donald Trump, que ha ido mucho más allá de perseguir a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, y revela cómo las agencias federales han reorientado sus recursos para dar prioridad a dicha agenda.
Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, tras bambalinas, se ha reasignado a abogados litigantes civiles de diversas divisiones —incluidas las encargadas de investigar el fraude, que la administración ha presentado como otra prioridad— para que se ocupen de casos de revocación de la ciudadanía.
Estos casos también se están remitiendo a las fiscalías federales en un momento en que muchas ya se encuentran bajo una enorme presión.
“Esta es una herramienta legal que el Congreso ha tenido vigente durante décadas”, señaló a CNN el alto funcionario del Departamento de Justicia, y agregó que los casos de revocación de la ciudadanía deben priorizarse “para proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las personas que están presentes en este país y han disfrutado de los beneficios de la ciudadanía lo estén haciendo legalmente, y que las personas adecuadas estén adquiriendo la ciudadanía”.
Entre los casos presentados hasta ahora por la administración Trump se incluyen personas acusadas de cometer fraude, abuso sexual de un menor o de haber expresado su apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización.
El Gobierno federal tiene la facultad, según la ley federal, de revocar la ciudadanía de una persona si esta hizo declaraciones falsas relacionadas con el proceso de naturalización o si la obtuvo ilegalmente, es decir, si no cumplía con los requisitos para obtenerla.
Los casos de revocación de la ciudadanía generalmente se encuadran en una de estas categorías y, según las circunstancias, se tramitan como casos civiles o penales.
La revocación de la ciudadanía no se aplica a quienes nacieron en el país y obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento. (Por otra parte, Trump intentó, mediante una orden ejecutiva, poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento. La Corte Suprema pronto se pronunciará sobre la legalidad de esta medida).
En la última década, casi 8 millones de personas se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.