Contenido de la carta de Fedecámaras dirigida a representante de Noruega en el diálogo contradice lo señalado por Jorge Rodríguez

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y jefe de la delegación oficialista en las negociaciones que se llevan a cabo en México con la Plataforma Unitaria de la oposición, durante una rueda de prensa en la que se le consultó sobre el supuesto rechazo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a las sanciones impuestas por ese país, no dudó en involucrar a Fedecámaras.

A parte de reiterar que las sanciones son “medidas coercitivas unilaterales” y “criminales” contra “todo el pueblo de Venezuela”, aseguró que “han sido, además, inefectivas”. Y, según él, eso es lo que dice la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Que han dejado de hacer negocios en Venezuela por la brutalidad con la que se perpetraron esas acciones contra el pueblo de Venezuela”, afirmó.

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Acto seguido dijo que llevaron a la mesa de México “la demostración de cómo (las sanciones) habían afectado la salud de los venezolanos, cómo habían afectado el normal desenvolvimiento de la vida económica del país. Incluso, llevamos una carta firmada por el presidente de Fedecámaras, donde se señalaba que una de las víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales y del sobrecumplimiento de esas medidas eran las empresarias y los empresarios venezolanos”.

Sin embargo, HispanoPost tuvo acceso a la misiva y en ninguno de sus párrafos está lo señalado por Rodríguez. La carta, con fecha del 3 de septiembre de este año y firmada por el presidente de la cúpula empresarial, Carlos Fernández, está dirigida a Dag Nylander, representante del Reino de Noruega y facilitador de la mesa de diálogo y negociación en Ciudad de México.

En la misiva, Fedecámaras afirma que celebra la inclusión en la agenda de las negociaciones, “la protección de la economía nacional y las medidas de protección social en favor del pueblo de Venezuela, a fin de lograr su mayor bienestar y mejores condiciones de vida”, tomando en cuenta que el país atraviesa actualmente por “uno de sus momentos más críticos desde las perspectivas económica, política, institucional, social y también sanitaria, poniéndose en riesgo los derechos humanos de los venezolanos”.

De allí que el gremio sostenga que “urge rescatar el sector privado del país como un factor fundamental para su desarrollo y crecimiento económico y, para ello, Venezuela requiere de financiamiento internacional y del diseño de políticas públicas adecuadas para reactivar el apartado productivo nacional y la economía, en el marco de las garantías constitucionales de libertad económica, propiedad privada, libre iniciativa empresarial, así como el impulso al emprendimiento y a la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera; todo en función de la protección de los derechos fundamentales del hombre”.

Es por ello, sostiene la cúpula empresarial, que es crucial el abordaje en la mesa de negociaciones “de los aspectos económicos y sociales, máxime cuando el conflicto político se ha constituido en un obstáculo para el acceso del país al financiamiento internacional por parte de organismos multilaterales, ameritándose acuerdos humanitarios inmediatos entre los actores políticos, para obtenerlo y destinarlo con especial énfasis, hacia alimentos, medicinas y vacunación anti-COVID-19”.

Fedecámaras advierte que “el país requiere de un plan concertado de recuperación de la actividad productiva, que permita un retorno a la normalidad de manera ordenada, saludable y segura, garantizando a los trabajadores ingresos suficientes para alimentarse, protegerse y cubrir las necesidades del núcleo familiar”.

En la carta también se hace referencia a la decisión adoptada el pasado 2 de agosto, por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y que entró en vigor el día 23, de poner a disposición de los países miembros, una asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente a 650.000 millones de dólares para atender la crisis económica y sanitaria y ayudar a los países más vulnerables a superar el impacto de la crisis, con la finalidad de que logren más prontamente un crecimiento sostenible. “De dicha cantidad correspondería a Venezuela la cantidad de USD 5.000 millones, a la cual no podría acceder debido a los conflictos políticos del país”, señala.

“Por lo expuesto, hacemos un llamado a todas las partes de la Mesa de Diálogo y Negociaciones instalada en México, a incluir el punto en la agenda urgentemente, y procurar el necesario acuerdo de los actores políticos para explorar propuestas y soluciones conjuntas a ser elevadas a la consideración del Fondo Monetario Internacional, que permitan establecer este mecanismo de financiamiento y posterior manejo de los fondos, así como eventualmente otros, para atender las necesidades de vacunación contra el Covid-19 y demás requerimientos financieros para la reactivación de la economía y satisfacción de las necesidades sociales. La ejecución de los fondos se sujetaría a una veeduría neutral, nacional e internacional”.

El gremio asegura que confía en que la negociación y el diálogo “generen acuerdos sustanciales y fructíferos, que garanticen soluciones tempranas a los graves problemas que vive la población en los que prevalezca el interés nacional y así lograr avanzar con voluntad política, sin dilaciones y con un profundo compromiso hacia una Venezuela humanista, política, democrática, productiva, emprendedora moderna y competitiva, a la conquista de la modernidad, con estabilidad política, social, económica y de justicia social”.

“Ofrecemos nuestra colaboración, organización y experiencia para contribuir al éxito de este proceso de negociación, en pro del bienestar colectivo y continuaremos elevando propuestas que coadyuven a la consecución de estos logros”, concluye la misiva.

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