La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó el martes la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa conocida como Vialidad.
Ante ello, el gobierno de Venezuela calificó la decisión como un “golpe político y judicial”. A través de un comunicado, aseguró que la expresidenta argentina es “víctima hoy de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario” del presidente de ese país, Javier Milei.
“Este fallo ilegítimo e ilegal busca inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos. No se trata de justicia, se trata de borrar al adversario con métodos coloniales”, indicó la administración de Nicolás Maduro.
En el fallo, la Corte señala que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente”.
Como tiene 72 años, la exmandataria podrá pedir cumplir la condena en prisión domiciliaria, ya que el artículo 10 del código penal establece que los mayores de 70 años puede pedir ese beneficio.
Fernández de Kirchner, quien siempre negó las acusaciones y asegura que es una persecución política en su contra, esperó el fallo en la sede del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, rodeada de su entorno y de militantes de su partido político. Luego de conocer la decisión del máximo tribunal, criticó la misma.
“La verdad es que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que le puso el desgobierno de Javier Milei, el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular”, dijo.
El presidente Javier Milei celebró la decisión en un mensaje en su cuenta en X. “Justicia. Fin. PD: la República funciona”, escribió.
Fernández de Kirchner fue declarada culpable en diciembre de 2022 de administración fraudulenta por direccionar fondos del Estado de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2011 y 2011-2015). La decisión fue ratificada en 2024 por un organismo superior.
Uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, le dijo a CNN que recurrirán a tribunales internacionales. Puntualizó que ya presentó un reclamo en la Corte Penal Internacional de La Haya, donde se encuentra ahora, y que tienen a un plazo de seis meses para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, criticó a la Corte Suprema de Argentina por no tocar el tema de fondo.