La Corte Suprema de EE.UU. permitió este viernes al gobierno del presidente Joe Biden seguir adelante con las pautas que cambian la aplicación de la ley de inmigración para contrarrestar las amenazas a la seguridad pública, otorgándole una victoria en el tema políticamente polémico en una batalla legal con Texas y Luisiana.
Los jueces dictaminaron 8-1 a favor de la apelación de la administración del fallo de un juez que había detenido las pautas del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS) que reducían el alcance de aquellos que pueden ser objeto de arresto y deportación por parte de los agentes de inmigración.
Los fiscales generales republicanos en esos dos estados presentaron una demanda para desafiar la política de Biden.
Los jueces determinaron que los dos estados no tenían capacidad legal para presentar la impugnación legal.
Las pautas reflejaron la recalibración de Biden de la política de inmigración de EE.UU. después del enfoque de línea dura adoptado por su predecesor republicano Donald Trump, quien buscó ampliar la gama de inmigrantes sujetos a arresto y expulsión.
La política de Biden dio prioridad a la detención y deportación de ciudadanos no estadounidenses que representen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza, dando a los agentes más discreción para considerar las circunstancias individuales.
El juez conservador Brett Kavanaugh, autor del fallo, escribió que las demandas que alegan que el gobierno no ha realizado suficientes arrestos o procesamientos «chocan contra» la autoridad del poder ejecutivo para hacer cumplir la ley federal.
“El poder ejecutivo, no el judicial, realiza arrestos y procesa delitos en nombre de Estados Unidos”, escribió Kavanaugh.
El juez conservador Samuel Alito no apoyó la decisión.
En otro fallo relacionado con la inmigración el viernes, la Corte Suprema anuló la decisión de un tribunal inferior que invalidaba una ley federal que tipifica como delito que una persona fomente la inmigración ilegal como una violación de las protecciones constitucionales de la libertad de expresión. La administración de Biden había defendido la ley.
Los republicanos han criticado a Biden por su debilidad en la política de inmigración, diciendo que sus políticas, que incluyen menos detenciones y deportaciones, han alentado más cruces fronterizos ilegales.
El tema de la inmigración podría ocupar un lugar destacado en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2024, y se espera que Biden busque un segundo mandato y Trump se postule para la nominación de su partido.
El juez federal de distrito Drew Tipton falló a favor de Texas y Luisiana en junio de 2022 y suspendió la política en todo el país. Tipton fue designado por Trump. El mes siguiente, la Corte Suprema votó 5-4 para no bloquear el fallo de Tipton que detuvo las pautas.
Al anunciar las nuevas pautas en 2021, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citó la práctica de larga data de que los funcionarios gubernamentales ejerzan discreción para decidir quién debe estar sujeto a deportación y dijo que la mayoría de los inmigrantes sujetos a deportación «han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años».
La administración ha dicho que los funcionarios estadounidenses han confiado durante mucho tiempo en establecer prioridades de cumplimiento considerando que se estima que hay 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Texas y Luisiana argumentaron que se verían perjudicados si tuvieran que gastar más dinero en servicios sociales y de aplicación de la ley debido al aumento de ciudadanos no estadounidenses presentes dentro de sus fronteras.
La administración de Biden argumentó que los dos estados carecían de la capacidad legal adecuada para sostener la demanda porque no sufrieron daños directos debido a la política.
Durante el primer año de Biden en el cargo, los arrestos y deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos disminuyeron en comparación con años anteriores.
En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2021, las deportaciones se redujeron a 59.000 en comparación con las 186.000 del año anterior. En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2022, dichas deportaciones llegaron a 72.000.
Fuente: Reuters