CPI determinó que régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad

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La Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, concluyó este lunes que las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro son responsables de crímenes de lesa humanidad, según el informe sobre los asuntos bajo examen preliminar en 2020.

Agrega que anticipa concluir el examen preliminar sobre la situación en Venezuela, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación, durante la primera parte de 2021.

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“La información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave dela libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”, detalla el informe del CPI.

La Fiscalía de la CPI apuntó como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad a miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Además, la información disponible indica que individuos a favor del Gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. En relación con el presunto rol de los actores mencionados, el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”, agrega el informe.

Respecto del alcance de sus constataciones hasta la fecha sobre presuntos crímenes, la Fiscalía recordó que el objetivo principal de un examen preliminar es determinar si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones. “La tarea de la Fiscalía no es informar o tomar parte en un mapeo comprensivo de todos los presuntos crímenes que se hayan cometido en una situación, tarea para la cual no solo otras entidades competentes son más adecuadas, sino que haría el proceso de examen preliminar altamente ineficiente”, indica.

Para alcanzar esa determinación relativa al cumplimiento del umbral requerido la Fiscalía aseguró que se ha centrado “consistentemente en todas las situaciones en un conjunto de presunta criminalidad que parece tanto representativa de un patrón más amplio de victimización que requiere ser investigado, pero que también está mejor apoyado por la información disponible en ese momento”.

Por consiguiente, añade, “las constataciones positivas de la Fiscalía respecto del umbral de la competencia material en la etapa de examen preliminar no deben interpretarse como un rechazo de otros presuntos crímenes que puedan ameritar ser investigados.”

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