Continuando con las ideas para desmembrar las funciones del presidente, faraón/chamán/zar/césar y configurar una nueva arquitectura del Estado, con tendencia al semi-parlamentarismo, encontramos dos instituciones con actividades sensibles, cuyos propósitos han sido deformados. Se trata de la importantísima Estadística Nacional su ente gestor, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Tesorería Nacional.
1.- En 1871, bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, se creó la Dirección General de Estadística y en 1873, se realizó el Primer Censo Nacional de Población. La vigente LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESTADÍSTICA (LFPE) fue promulgada en mayo de 2001; sus funciones son gestionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Autónomo, cuya directiva es designada indiscriminadamente y a dedo por el faraón/chamán/zar/césar.
Se suponía que la nueva ley serviría de apoyo para fortalecer las relaciones del Estado con el sector privado y ponerse a tono con los avances de la estadística a nivel mundial. Todos sabemos que nada de eso ha sucedido y que el país, en la actualidad, está totalmente ayuno de información oficial acerca de los elementos que determinan su dimensión material-social; datos que son manejados con criterio politiquero, lo que impide cualquier género de planificación, siquiera a mediano plazo.
Pero es que además, la ley vigente está redactada con la acostumbrada perfidia dirigista-controladora-pseudosocialista. Para evidenciarlo estas perlas: De la exposición de motivos: “El Proyecto de Ley de la Función Pública de Estadística constituye un marco jurídico moderno que establece y determina el alcance y la finalidad de la función estadística DEL ESTADO, dentro de la misión y el rol que le fijan la Constitución y las Leyes, las que definen el contenido material de su intervención sobre la realidad … El carácter público de la actividad estadística oficial viene dado por la trascendencia POLÍTICA (¡!), económica y social que en nuestros días se confiere a los resultados de las estadísticas elaboradas en el seno de la Administración”;
Con base en esas premisas, el actual régimen ha podido mantener, durante años, sin información confiable y básica A LA NACIÓN; y lo que es peor, los planes que ha tratado de implementar le han fallado al propio gobierno en buena parte, por falta de información de calidad. Recordemos que el Censo Nacional de población y vivienda de 2011 (hace 13 años¡¡!!, ya ha debido llevarse a cabo otro censo), resultó un completo fracaso debido a que la población, en gran número, no quiso recibir a los empadronadores, porque le generaban desconfianza, considerando que la información que aportasen pudiera ser utilizada en su perjuicio.
Según el artículo 3 de la LFPE, la actividad estadística está informada por los principios de transparencia, comparabilidad, confiabilidad y neutralidad. La ausencia de transparencia es, precisamente una de la fallas mayores que tiene el gobierno de turno en relación a la información: NADIE LES CREE. Desconozco el alcance del término “comparabilidad”; tiene un tufillo comunista. Ni hay confiabilidad, por falta de transparencia y mucho menos neutralidad, pues hemos visto de qué manera desvergonzada-POLITIQUERA se manejan cifras de toda índole (pobreza, índices de desempleo, de actividad económica y hasta los índices epidémicos, que corresponden al Ministerio de la (in)Salud).
Por tanto, es conveniente dejar establecido un principio básico: la información estadística interesa o concierne es A LA NACIÓN. El gobierno es un interesado más; pero más interesados somos todos LOS HABITANTES DE ESTE PAÍS/NACIÓN llamado VENEZUELA.
En cuanto a la estructura organizativa: Actualmente el Consejo Directivo del INE es un organismo integrado por personas de libre nombramiento y remoción por el faraón/chamán/zar/césar; en cuanto a sus condiciones de designación y las del Presidente del Instituto Nacional de Estadística, están solamente, “ser venezolanos, de reconocida honorabilidad y no haber sido condenados penalmente ni haber sido declarados responsables administrativamente por la Contraloría General de la República”. Increíble elenco de requisitos para un organismo altamente técnico¡!!.
¿Y dónde y cómo se considera la competencia profesional?. Ello es debido a que, como -erróneamente- no se ha determinado cabalmente en la ley la condición muy técnica y especializada que tiene la actividad estadística, los funcionarios no tendrían razón para estar calificados.
¡Eso no puede continuar!.
Aparte de la declaración de la actividad estadística COMO DE INTERÉS NACIONAL, DEL PAÍS, según el artículo 5º de la ley, corresponde al INE determinar que la actividad estadística desplegada por las encuestadoras privadas se califique como Interés Público, cuando sea difundida información estadística al público, por sí o por terceros. Dado que las encuestas privadas son importantísimas para la actividad económica del país y para la orientación política (recordemos lo activo que se pone el tema de los “surveys” de opinión en las cercanías de las elecciones), debe entonces disponerse una reglamentación precisa a esta actividad encuestadora, que en la mayoría de los casos, choca rayanamente los resultados finales, ignorándose los orígenes de esas cifras, como dispone la LFPE (art. 16), de manera que las tales encuestadoras –en general- no orientan a la opinión pública, sino lo contrario: la desorientan; muchísimas veces con siniestros propósitos. Es de preguntarse ¿cuál es el nivel de acierto de las encuestadoras privadas? Más de dos desviaciones, por ejemplo, del 8% de los resultados examinados, debería conducir a privarlas de licencias administrativas de funcionamiento por un largo tiempo.
De nuevo la figura jurídica propuesta para el organismo que gestione la estadística nacional es del mismo perfil mencionado en entregas anteriores:
1a.- El Instituto Nacional de Estadística, debe ser un organismo administrativamente subalterno del Parlamento, que designa a sus directivos, por períodos de cuatro(4) años de duración, reelegibles por cuatro(4) veces, con el voto, para cada reelección del 75% de las cámaras; consultando al presidente, pero sin su veto, con un Consejo Consultivo, integrado con representantes del Ejecutivo, todos especialistas en estadística, egresados todos de universidad y con el más alto rango académico en materia de estadística y representantes de las universidades venezolanas con cátedras de estadística, cuya autoridad máxima es el Coordinador-presidente, con los mismos requisitos;
1.b.- Los funcionarios de Alto Nivel del INE deben ser profesionales egresados de universidades con, la más alta calificación académica y funcionarios de carrera, con experiencia no inferior a veinte(20) años.
PROBABLEMENTE LA PRIMERA INICIATIVA DEL PRÓXIMO GOBIERNO-RÉGIMEN DEMOCRÁTICO, DEBERÍA SER LA DE LLEVAR A CABO UN CENSO NACIONAL CONFIABLE, PARA COMENZAR A FORMULAR CUALQUIER PLANIFICACIÓN QUE INTENTE REMEDIAR EL DESASTRE QUE ESTAMOS VIVIENDO.
2.- La TESORERÍA NACIONAL
El principio de la unidad del tesoro, o de la unidad de caja, es y ha sido una entelequia inoperante durante dos siglos, principio destruido por la llamada administración pública descentralizada, institutos autónomos, las deleznables “empresas del estado”, fundaciones, asociaciones, el abismal disparate que son “los servicios autónomos sin personería jurídica” (¿?).
La Tesorería Nacional, no obstante que su función primordial se controla desde la Ley de Presupuesto, ha resultado ser el bolsillo particular o la cartera, del poder ejecutivo. La verdad es que hemos vivido con las exorbitancias del Primer Mandatario y la sumisión política de los tesoreros, casi todos ellos en los últimos años, sin la menor calificación para el ejercicio del cargo, lo cual ha conducido a desastres financieros, de flujo de caja y a incidentes políticos de toda índole, porque “los recursos no bajan” para gobernaciones o Concejos Municipales opositores o para ciertos planes que han discrepado con la política del presidente.
El Tesorero Nacional debe ser un funcionario con calificación como economista, administrador o Contador Público, post-graduado y con conocimiento profundo en la materia, designado conjuntamente por el Parlamento Nacional con asesoría de las facultades de las universidades nacionales y la Academia correspondiente, por la Presidencia de la República, las Gobernaciones de Estado y representantes de los Alcaldes de todo el país, con conocimiento, consultando al presidente, pero sin su veto, designado para períodos de cuatro(4) años reelegibles por cuatro(4) veces, con el voto para cada reelección de 75% de las cámaras.
A esto debe agregarse que los candidatos deban ser sometidos a una evaluación psico-técnica (dokimasia-docimasia. Ver en HISPANOPOST, en amplitud, mi artículo del 16 de noviembre de 2022). Esta evaluación estará integrada por * una entrevista-test psicotécnico, ** COMPLEMENTADA por una sesión con el uso de un polígrafo. LOS PAPELES NO LO DICEN TODO. ¡Ni Hitler ni Chávez hubieran pasado estas pruebas. De lo que la humanidad se hubiese salvado!. El Tesorero Nacional debe estar bajo el escrutinio constante del Parlamento Nacional y de los órganos que lo designaron y desde luego, de la Contraloría General de la República. La responsabilidad personal y administrativa del Tesorero Nacional debe ponderarse con mucho énfasis en la Ley que se dicte.
Para una mejor comprensión, abrir el link con la lámina animada, pulsando a estrella que aparece al lado izquierdo.
a) La rueda de la derecha se corresponde con el mandato presidencial, que se ha considerado de OCHO(8) años y gira A LA MITAD DE LA VELOCIDAD que las restantes; b) La rueda de la izquierda, que gira AL DOBLE DE VELOCIDAD, corresponde al mandato del congreso o parlamento y el de las municipalidades, que se han dividido en mitades; estas mitades se renuevan cada CUATRO(4) años y permiten reequilibrar las fuerzas políticas a la mitad del período presidencial; c) La rueda central se corresponde con el Consejo Nacional Electoral, al cual se le aplica la misma fórmula de renovación por mitades y gira como la anterior; d) Las periféricas representan órganos clave del Estado que tienen renovaciones cada cuatro(4) años, para refrescar la institucionalidad. En los artículos siguientes se dará la explicación precisa acerca de la composición y operación de los órganos de este nuevo Estado que se propone.