La vuelta al trabajo de forma plena en la administración pública no se avizora en el corto y mediano plazo, debido a que no están dadas las condiciones logísticas y económicas para dar ese paso, incluso en la flexibilización de noviembre y diciembre, aseguró Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
El representante de Fentrasep señaló que la reincorporación total de 2,2 millones de funcionarios implica un gran costo para la administración de Nicolás Maduro por las deplorables condiciones de la planta física de edificios y oficinas del Estado.
«Esto significa una erogación importante de recursos que el Ejecutivo no tiene», sostuvo.
Insistió en que «proveer las condiciones adecuadas mínimas para que los trabajadores regresen masivamente está muy difícil, incluso en servicios básicos como agua, luz, aire acondicionado y papel higiénico, entre otros».
El sindicalista precisó que “la orden de arriba” es mantener la actividad al mínimo con el personal estrictamente necesario -el cual labora de forma rotativa- en áreas como nómina, informática, finanzas, vigilancia y proyectos urgentes.
Anotó que la asistencia es más extendida en los sectores salud y recientemente educacion, además de las oficinas de atención al público como registros, jefaturas, cédulas y pasaportes.
Funcionarios que solicitaron guardar sus nombres en reserva manifestaron que los pocos asistentes a los lugares de trabajo tienen que comprar de su bolsillo las mascarillas, gel, alcohol, papel higiénico y cloro para desinfectar los espacios.
«Nos dijeron que el ministerio no tiene dinero para garantizar esa provisión», contó un consultado.
Otro empleado público alertó que «sabemos de numerosos empleados públicos que han contraído COVID-19 pese a estar vacunados. Esto se debe a que los en espacios laborales carecen de las condiciones mínimas para prevenir y evitar el contagio».
Un funcionario indicó que otro problema grave es la falta de camionetas de pasajeros y el hacinamiento, así como las continuas explosiones en el Metro de Caracas.
Carbone indicó que la administración de Maduro está aplicando suspensiones de pagos de sueldos y primas y hasta despidos a los trabajadores que viajan fuera del país.
Para ello, agregó, el mecanismo de control utilizado es cotejar el registro de empleados públicos en la página Patria con las salidas por aeropuertos y puestos fronterizos reflejadas en el Saime.
Respecto a la 343 reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo que se realiza actualmente, Carbone deploró la reiterada negativa oficialista de adoptar las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la OIT contenidas en su informe sobre violaciones laborales de Maduro y que analiza el Consejo de Administración.