Las tres primeras tareas que tienen Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA con carácter de encargados, respectivamente, es frenar la caída de la producción, resolver el problema de la escasez de combustibles y concretar la reestructuración de la empresa estatal, que está planteada en un plan en el que se parte de reconocer que la producción del país dejó de ser estratégica debido al desplome ocurrido sobre todo durante la gestión de dos años y medio del Manuel Quevedo y por el surgimiento de nuevos países que son competidores en la extracción de crudo.
En la propuesta se propone la conversión de la oficina que la estatal abrió en Moscú el año pasado en la filial PDVSA Rusia, con el fin de que asuma plenamente las competencias de PDVSA Europa, la cual quedará eliminada. También se plantea la eliminación definitiva de los negocios no petroleros de PDVSA, salirse de la participación que tiene en compañías de servicios inmobiliarios, desarrollos urbanos, ingeniería y construcción, así como también la venta del capital accionario que empresas de varios países de América Latina con la excepción de Cuba y Nicaragua.
El plan de reestructuración también contempla la liquidación o cierre de las filiales PDVSA Agrícola, PDV Naval y PDV Marina. En cambio, se mantiene a Petrocaribe, que ha sido un mecanismo de cooperación mediante el cual PDVSA vendió a crédito crudo y combustibles desde el año 2005.
También se refiere a PDV Holding y Citgo, filiales en Estados Unidos, pese a que en el discurso oficial se asegura que estas empresas fueron robadas por el gobierno de Donald Trump y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Al respecto, la propuesta indica que se deben liquidar todas aquellas empresas que forman parte de los negocios inactivos de PDV Holding y con respecto a Citgo se apunta el cierre de operaciones comerciales en sitio y negocios puntuales, sin especificar.
La Asamblea Nacional venezolana, durante el primer trimestre de 2019, designó sendas directivas de ambas filiales, que fueron reconocidas por la administración de Trump y el sistema legal estadounidense, no así por parte de Maduro, que a través de la Fiscalía de la República ha emprendido acusaciones penales contra los venezolanos que asumieron estos cargos gerenciales, aunque en su totalidad viven en el exterior.