Los sindicatos y organizaciones de jubilados y pensionados han exigido desde hace más de 20 años al Estado venezolano que cumpla su obligación de transferir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) los recursos correspondientes a las cotizaciones obrero-patronales.
«Esta situación recurrente en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro perjudica enormemente a los trabajadores», aseguró Carlos Julio Ribera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Recordó que han sido muchas las reuniones y exhortos para que se solucione el problema, pero el Estado sigue moroso con esos pagos.
Precisó que el monto de la deuda en estos momentos es desconocido por el desorden administrativo y la falta de información del Ejecutivo. No obstante, la cifra es enorme por el tiempo transcurrido y la suma de los intereses acumulados.
Las leyes del Seguro Social y del Trabajo establecen que los empleadores y trabajadores deben aportar a la seguridad social 5% del salario mensual -repartido 60% y 40% entre el patrono y empleado, respectivamente- como cotizaciones para optar a la pensión de vejez o incapacidad, paro forzoso y servicios de salud.
Ribera alertó que los organismos del Estado le descuentan del salario a los trabajadores la alícuota de la cotización, pero ese dinero no es transferido al IVSS. «El Estado tampoco entrega al Seguro Social su alícuota de cotización como patrono», dijo.
El dirigente insistió en que “siendo el principal empleador, con 2 millones de trabajadores, el Estado debe dar el ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones laborales».
En Venezuela, la edad para solicitar pensión de vejez -equivalente a un salario mínimo- es de 55 y 60 años las mujeres y los hombres, respectivamente, luego de haber cotizado un mínimo de 750 semanas al Seguro Social.
«Debido a la mora oficialista, los empleados del sector público no pueden tener una pensión porque en el listado del Seguro Social no aparece el pago de las cotizaciones ni del trabajador ni del patrono Estado», recalcó Ribera.
La deuda gubernamental con el Seguro Social también perjudica la prestación de los servicios de salud en los hospitales del IVSS en todo el país -como el Domingo Luciani y Pérez Carreño en Caracas- donde los asegurados deben pagar de su bolsillo medicamentos e insumos para tratamientos y hospitalizaciones.
Agregó que las farmacias de los ambulatorios y hospitales están desprovistas de medicinas. «El deber ser es que el Seguro Social provea el servicio de salud y los medicamentos sin que el asegurado deba pagar, pues para eso está el respaldo de las cotizaciones», sostuvo Ribera.