Imagine la posibilidad de que sus familiares hayan tomado la decisión de migrar a otros países con sus hijos menores de edad, pero las circunstancias hayan obligado a los padres a dejar abandonados a sus hijos en “resguardo” o a la “espera” en Colombia y hoy sean exhibidos en un portal institucional a la espera de ser reclamados. Sin embargo, si nadie responde por estos niños, en un lapso no mayor a seis meses serán dados en adopción.
Esta es la realidad que viven actualmente 1.200 niños, niñas y adolescentes venezolanos, que están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en su página web oficial creó un enlace llamado “Me conoces, niños venezolanos”.
Allí se exhiben fotografías y datos personales de estos infantes y jóvenes, con la intención de que puedan ser reubicados con sus familiares, pero que a simple vista corroen sus derechos fundamentales al ser expuestos, en una especie de subasta al mejor postor.
De esto, conversó con HispanoPost, Leonardo Rodríguez Angola, director de la Asociación Civil Jóvenes y Desarrollo, quien alertó que esta iniciativa podría ser contraproductiva para estos menores de edad que se encuentran a la deriva social en el país vecino.
“Nuestra organización es un observatorio dedicado a la visibilización de los derechos de la infancia en Venezuela, de la niñez y adolescencia. Nosotros hemos ido identificando cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha venido reportando en su página web que bajo su protección hay 1.200 niños, niñas y adolescentes venezolanos institucionalizados que llegaron a Colombia”.
Explicó que, en principio, lo que se conoce es que estos niños “se separaron de sus padres por diversas circunstancias y hoy en día están bajo la protección de este instituto. Como la ley colombiana es exigente con el tema de la institucionalización, estos niños en los próximos seis meses deben ser dados en adopción. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha iniciado una campaña para lograr identificar a los familiares de estos niños en Venezuela, para ver si se logra la reunificación familiar”.
Rodríguez Angola acotó que esta situación está ocasionando el desarraigo de miles de niños y adolescentes venezolanos alrededor del mundo, no solo en Colombia: “El principal problema de la adopción es el desarraigo, esos niños pierden la nacionalidad, pierden su identidad. Eso no lo vamos a entender hoy en día, sino dentro de 20 años, cuando esos niños vuelvan a Venezuela a buscar su familia de origen».
Indicó que no tienen certeza de que exista una base de datos de estos niños ni allá ni mucho menos acá en Venezuela. «El año pasado tenía datos de 500 niños venezolanos bajo la protección del Estado ecuatoriano y otros 700 protegidos por el Estado peruano. En esos Estados tiene que producirse una adopción en un lapso de seis a nueve meses, porque la ley lo exige. No puede haber niños institucionalizados”.
Alerta de seguridad
Este portal exhibe no solo las fotos de los niños, sino también sus datos personales y el número de contacto del organismo o institución que está a su cuidado. Y cualquier persona que finja “reconocer” y formar parte de su núcleo familiar puede reclamar al infante y repatriarlo o, en el peor de los casos, venderlo a redes de trata, prostitución, pedofilia y abusos, aseveró el abogado.
“No puede ser que otro país tenga una página web en donde exhiben las fotos de nuestros niños venezolanos y sus datos de identidad. Además de colocarlos en una situación de inseguridad jurídica, estas redes de trata, de abuso sexual y pedofilia pueden aprovechar estos datos para tener acceso a esos niños. Hay un daño a su derecho humano fundamental que es el honor, la reputación, porque estos niños están siendo estigmatizados. Todo lo que se sube a Internet queda ahí para siempre”, dijo.
Detalló que eso lo están haciendo a través de su página web, donde han creado un enlace que se llama“Me conoces, niños venezolanos”. «Una vez que entras ahí encuentras la foto y los datos de identidad de estos 1.200 niños que están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si las familias en Venezuela no responden o no buscan contactar a este instituto, estos niños serán dados en adopción por un tribunal. Luego perderán la nacionalidad venezolana y serán nacionales de Colombia. En un segundo momento, la adopción permite que al niño se le cambie el nombre y el apellido, es decir, que estos niños van a perder hasta sus datos de identidad”.
Rodríguez Angola, además, destacó que estos 1.200 niños son solo los que se han podido contabilizar en los últimos seis meses. “Diariamente ingresan por lo menos 200 o 300 niños acompañados por sus familias, de los cuales, muchos de ellos van a terminar en las calles o bajo la protección del Instituto de Protección Familiar de Colombia».
Explicó que son niños que llegan al territorio colombiano, en principio, acompañados por sus padres. «Hay casos reportados de niños que llegan solos, estamos hablando de niños entre 10 y 12 años que pueden cruzar la frontera completamente solos. No hay nadie que se los impida, dado que la frontera está cerrada y el paso se hace por trochas. Si un niño se agarra de un adulto, simplemente pasa. Ningún trochero va a pedir la partida de nacimiento para comprobar que va con usted”.
El peligro de una migración forzada se acrecienta cuando los padres ingenuamente le facilitan el trabajo a las redes delincuenciales organizadas. “Hemos identificado que hay redes de trata de personas que están pagándole a los papás para que les entreguen a los niños, con la excusa de ofrecerles a los niños la posibilidad de descansar y hacer sus comidas completas, mientras los padres van avanzando en el viaje hacia su destino. La gente cree eso y termina recibiendo 200 o 300 dólares por ese trámite, que al final lo necesitan porque si tienen a cinco hijos prefieren dejar a dos en Colombia y avanzar con los otros tres más pequeños”.
Venezuela no está colaborando
A juicio del abogado, el Estado venezolano no está haciendo la debida tarea de reunificar a la familia venezolana, en especial, en el caso de estos niños que fueron abandonados en Colombia: “Pareciera que este esfuerzo que están haciendo de localización familiar en Venezuela no está teniendo los resultados que se esperan. No existe del lado venezolano alguna agencia del Estado que se esté dedicando a esto, a la localización familiar de estos 1.200 niños que están en Colombia”.
Aseveró que “este es un tema que requiere de una política pública especializada por parte del Gobierno nacional, para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes; de los niños venezolanos que están en otros países y que pueden estar en condición de calle, que pueden estar siendo explotados laboral o sexualmente o que están bajo la protección de aquellos Estados y que requieren que se haga el mayor de los esfuerzos para reintegrarlos a su familia de origen”.
Indicó que el Estado debe ejecutar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de sus migrantes. “En Venezuela esa potestad la tiene el Viceministerio para Suprema Felicidad, que es el órgano rector del sistema de protección del niño, niña y adolescente en Venezuela y es el que tiene que crear las condiciones, apoyado con agencias internacionales como Unicef, para generar en el país un programa de localización familiar que permita efectivamente contactar a las familias de estos niños para garantizar su protección social en el caso de que puedan volver al país y la protección de sus derechos fundamentales”.
Con el inicio del nuevo período presidencial de Gustavo Petro, sumado a las expectativas positivas que rugieron tras la reactivación de las relaciones bilaterales diplomáticas entre Colombia y Venezuela, el abogado aseveró que “la esperanza es que ahora no solamente se vean fortalecidas las relaciones comerciales, sino también las relaciones políticas y de protección social. Es fundamental revisar las políticas de protección social que van a implementar los gobiernos de Maduro y Petro, para garantizar a los migrantes el respeto a sus derechos humanos”.
Añadió que las actuaciones que hagan ambos gobiernos deben estar en el marco de los tratados y los convenios internacionales. «Además de eso, que en este programa de Vuelta a la Patria, de regresar a Venezuela, haya una protección social suficiente para que la gente pueda llegar y encontrar condiciones mínimas de acceso al sistema de salud, educación, entre otros. Pero también debe pasar en los países receptores, que les ofrezcan a los venezolanos la garantía a sus derechos humanos”.
Rodríguez Angola puntualizó que debe haber una acción coordinada entre los Estados en cuanto a las redes de trata de personas. «Vemos como en redes sociales como Instagram se promociona con mucha facilidad trabajos para adolescentes en Colombia. Se habla expresamente en Instagram de las actividades de explotación sexual y prostitución que puede hacer una mujer venezolana y cuánto pueden ganar. Esto hay que atacarlo y eso se tienen que hacer de manera coordinada entre ambos gobiernos y las policías científicas de ambos gobiernos. Creo que colocar este tipo de información a la vista de la ciudadanía es un llamado de atención para ambos países”.
Foto: Raúl Romero