La Embajada de España en Caracas manifestó estar siguiendo de cerca el caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, debido a que la también abogada y activista posee nacionalidad española.
La representación diplomática, según Europa Press, está realizando «gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular, y garantizar que se respeten sus derechos» desde que se produjo su arresto el día 9 de febrero.
Rocío San Miguel, quien fue detenida por, presuntamente, estar inmersa en una trama de conspiración denominada «Brazalete blanco» y que tenía como objetivo, de acuerdo con la información oficial, consumar un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
El fiscal Tarek William Saab informó el 12 de febrero, a través de la red social X, que el Ministerio Público solicitaría ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra Rocío San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
«El equipo de la defensa de Rocío San Miguel y demás familiares, confirma que fue decretada la privación de la libertad en contra de la Directora de Control Ciudadano y de Alejandro González (expareja), siendo el sitio de reclusión el Sebin de El Helicoide y la Dgcim, respectivamente», escribió el abogado Joel García el13 de febrero en X,
