Empleados y jubilados del sector público, que solicitaron guardar sus nombres en reserva, aseguraron que puertas adentro los jefes y coordinadores de entes del Estado han incrementado la presión para que acudan a la marcha del Primero de Mayo, Día del Trabajador, en Caracas.
En ese sentido, señalaron que en los centros de trabajo instan al personal a participar en la marcha oficialista con las tradicionales amenazas de la suspensión de pagos de beneficios laborales y la entrega de los combos de alimentos.
«La logística de la marcha incluye el pago de 20 dólares depositados y en efectivo a la gente del interior y de la capital, respectivamente», contó un consultado. Agregó que también proporcionaran a los participantes transporte, comida y agua.
«Nos comunicaron que pasarán lista de asistencia antes y después de la marcha, la cual este año se convertirá en un gran acto de la campaña de Nicolas Maduro con miras a las elecciones presidenciales del 28 de julio», narró otro consultado.
Al respecto, Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), destacó que «políticamente para el gobierno este Primero de Mayo es muy importante debido a que unos 8 millones de empleados y jubilados de la administración pública y pensionados del Seguro Social representan una gran masa de votantes».
Precisó que si bien la nómina del Estado fue racionalizada -en 2008 absorbía 3,4 millones de trabajadores activos, mientras que ahora es de 2,4 millones de personas- esos venezolanos hacen peso en las elecciones presidenciales.
Propuestas sobre la mesa
Carbone, también coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), destacó que ante las elecciones presidenciales del 28 de julio, el gobierno debe presentar medidas laborales más convincentes que las de 2023.
En ese sentido, el sindicalista asomó como escenario posible un aumento del Ejecutivo al salario mínimo a entre 16 y 30 dólares mensuales, además de llevar el ticket de alimentación a entre 60 y 100 dólares por mes para los trabajadores activos.
Según la predicción de Carbone, el bono de guerra -que actualmente está en 59,84 dólares, 69,63 dólares y 24,95 dólares para los trabajadores activos, los jubilados del sector público y los pensionados del Seguro Social, respectivamente- tendría un ajuste de 30%.
El representante de Fentrasep destacó que el aumento del salario mínimo repercutirá en la pensión alineada con el salario mínimo de 130 bolívares (3,5 dólares) mensuales.
«El número de jubilados y pensionados es de 5,8 millones de personas y esa población inclina la balanza de los votos del 28J», dijo el dirigente sindical.
De todas maneras, Carbone sostuvo que con todos estos posibles ajustes el salario y el ingreso seguirán siendo insuficientes por el peso del aumento de los servicios públicos (Cantv, luz, agua, transporte público y aseo urbano, entre otros,) pues le restan capacidad de compra a los otros componentes de la canasta básica familiar como alimentos, salud y educación.