Geneva Trust Company viaja a Puerto Rico para reclamar $50 millones en activos de Bancrédito

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Representantes de Geneva Trust Company, la entidad fiduciaria suiza que administra el Trust propietario de Bancrédito Holding Corporation (BHC) —único accionista del banco—, viajarán en las próximas semanas a Puerto Rico para solicitar reuniones presenciales con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y el síndico judicial Driven Administrative Services.

El propósito de la visita es exigir la devolución inmediata de activos valorados en más de 50 millones de dólares que quedaron como remanente después de que el banco reembolsara completamente a todos sus ahorristas. De estos activos, el 45 por ciento son reservas en efectivo y el resto corresponde a una importante colección de arte que incluye al famoso caballo del reconocido artista colombiano Fernando Botero.

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Luis Zapata, presidente de Bancrédito Holding Corporation, confirmó que los ejecutivos de Geneva Trust visitarán primero la sede de BHC en Nueva York, para luego trasladarse a Miami y posteriormente a Puerto Rico. La idea es exigir, en nombre de los beneficiarios del Trust que administra Geneva Trust, la inmediata devolución de los bienes que legalmente corresponden. “El proceso de liquidación iniciado en 2022 establecía claramente que, una vez reembolsados los ahorristas, los activos restantes debían regresar al banco y sus accionistas. Sin embargo, Driven Administrative Services ha mantenido el control de estos bienes y, en algunos casos, los ha vendido sin autorización”.

Además de Geneva, Bancrédito Trust ha contratado los servicios de Ballard & Company, una reconocida empresa de lobby especializada en asuntos gubernamentales y públicos, y a la prestigiosa firma Willkie Farr & Gallagher, experta en soluciones de vanguardia para casos complejos.

A pesar de cuatro años de comunicaciones escritas entre las partes, y de los procesos judiciales en curso, los activos no han sido restituidos. BHC mantiene demandas contra Driven Administrative Services por incumplimiento de deberes fiduciarios y contra los bufetes McConnell Valdés, Holland & Knight y McDermott Will & Emery por negligencia profesional que derivó en una multa millonaria impuesta por FinCEN.

Tras el indulto amplio e incondicional otorgado por el Presidente Donald. J Trump, que restableció plenamente la situación jurídica del fundador del banco, Julio Herrera Velutini, sus ejecutivos esperan que de una vez por todas se haga justicia y los bienes regresen a sus verdaderos dueños.

En enero de 2026, el caso penal contra el fundador del banco, Julio Herrera Velutini, fue totalmente desestimado. Fuentes de la Casa Blanca calificaron entonces la investigación original como un claro ejemplo de “persecución política” ya que se inició apenas diez días después de que la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, respaldara públicamente la candidatura de Donald J. Trump en 2020, en medio de un controvertido proceso electoral.

Mientras algunos detractores del presidente Trump intentan desacreditar varios perdones presidenciales alegando que fueron otorgados de forma interesada a donantes de su campaña, hechos recientes apuntan más bien a irregularidades en los procesos político-electorales de Puerto Rico, con lo que cobra fuerza la posición de la Casa Blanca en relación al “momentum” electoral en el que se produjo la demanda inicial contra la exgobernadora Wanda Vázquez, contra Bancrédito y su fundador, el banquero ítalo-venezolano Julio Herrera Velutini.

Esta semana, durante una audiencia en el Congreso, la Directora de la Oficina de Inteligencia Nacional (ODNI) Tulsi Gabbard, confirmó que su despacho mantiene bajo custodia las máquinas de votación de Puerto Rico para realizar una auditoría forense. La incautación, realizada a solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico, responde a graves discrepancias reportadas en las elecciones de 2024. Gabbard declaró que las máquinas se encuentran resguardadas en una instalación segura de la (ODNI) precisamente para examinar vulnerabilidades de ciberseguridad y posibles interferencias que podrían afectar la infraestructura electoral de Estados Unidos.

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