Independientemente del modelo de gestión adoptado para la reactivacion de las empresas básicas de Guayana, ese proceso debe garantizar la participación de las empresas venezolanas metalmecánicas, consultoras y de ingeniería como ha ocurrido en el pasado.
Fuentes empresariales que solicitaron guardar sus nombres en reserva destacaron que hay señales de interés de inversionistas extranjeros en el rescate financiero y operacional de las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), las cuales por falta de inversión y mantenimiento durante años se encuentran en mal estado.
Pero estas iniciativas, agregaron, no deben pasar por encima de la participación del sector privado nacional conexo.
Alertaron que esa exclusión, al parecer, está ocurriendo en la negociación entre el gobierno de Nicolas Maduro y Jindal Steel & Power (JSP) de la India para privatizar la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y un contrato de suministro de mineral de hierro por parte de Ferrominera del Orinoco, ambas filiales de la CVG.
Las fuentes recordaron que hasta 1998 la participación del sector metalmecánico conexo y aguas abajo era entre 40% y 50%.
Por su parte, las empresas venezolanas consultoras y de ingeniería tuvieron participación de 60% a 80% en proyectos y desarrollos de la industria petrolera, petroquímica, metalúrgica y siderúrgico, entre otros.
Llamado de alerta
La observación del sector empresarial nacional respecto a la negociación entre el gobierno y JSP también fue expuesta por la ONG Lazos Guayana en un comunicado con fecha del 5 de setiembre.
En el texto, se cuestiona el hermetismo del gobierno en cuanto a confirmar la negociación; así como la marcha y detalles de la misma.
«Las empresas básicas no son propiedad del gobierno sino de la Nación y, por ende, de todos y cada uno de los venezolanos», reafirma el escrito.
Lazos Guayana considera que la privatización de Sidor sería contraria al interés nacional debido a la conformación vertical de JSP en la que sus filiales -presentes en tres continentes- asumen el rol de suplir equipos, materiales, materias primas, sistemas de automatización, procesos, servicios de ingeniería y asistencia técnica.
Esta condición, agrega la ONG, desactivaría las empresas de soporte y proveedoras de Guayana y el resto del país, profundizando la recesión económica en la región y la estabilidad del empleo de sus trabajadores.
Por ejemplo, si la Corporación india aplica su modelo verticalmente integrado, tendría el control absoluto sobre el proceso de reducción directa en perjuicio de las empresas nacionales conexas del sector briquetero.
Asimismo, la producción de acero semielaborado y semiterminado de Sidor estaría destinada a los intereses corporativos de JSP en detrimento del suministro de esos productos a empresas de la industria metalmecánica venezolana aguas abajo y sectores industriales como petróleo, gas, electricidad, construcción e hidrológicas derrumbando los empleos.
Lazos Guayana admite que la infraestructura física de Sidor y Ferrominera del Orinoco está en muy malas condiciones para reflotar la producción, pero ello no significa perjudicar a las empresas privadas nacionales relacionadas con la siderurgia ni los empleos.
«El proceso de apertura económica debe ser público, transparente y abierto a los potenciales inversionistas y socios que garanticen una gestión pulcra, inversiones y transferencia tecnológica con seguridad jurídica que respete la Constitución», señala el remitido.
La ONG hace un llamado de atención al movimiento obrero de Guayana, los industriales, gremios profesionales y empresariales, partidos políticos y candidatos de la elección primaria a que se pronuncien sobre «el despropósito» que supuestamente adelanta el gobierno con Jindal Steel & Power.