El alza salarial asomada por dirigentes del oficialismo para noviembre o diciembre del presente año quedó para 2024.
Fuentes laborales que solicitaron guardar sus nombres en reserva aseguraron que no hay una fecha exacta para la entrada en vigencia del ajuste del sueldo mínimo, el cual debería acordarse en el marco de la Mesa de Diálogo Social instalada en Margarita, estado Nueva Esparta, en enero de 2023 con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según las fuentes, «han sido muy lentas» las negociaciones dentro de la mesa integrada por el Ministerio del Trabajo, los empleadores (Fedecámaras y el mismo gobierno) y las organizaciones obreras Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), además de la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST).
Las fuentes señalaron que en octubre el gobierno no acudió a la reunión tripartita y en su lugar se mantuvo en contacto con la representación de la OIT.
Las fuentes destacaron que, a lo largo de este año, el gobierno ha estado negado a aumentar el salario mínimo, congelado desde febrero de 2022 en 130 bolívares (3,6 dólares al cambio del martes) mensuales.
Posición adelantada
Las fuentes revelaron que en la agenda de la Mesa de Diálogo Social tiene previsto reunirse en enero próximo para establecer las normas relativas a la fijación del nuevo sueldo mínimo, lo cual debe realizarse con el consenso entre las partes.
Sobre la fecha de implantación del aumento salarial, la misma sería en febrero o marzo de 2024.
No obstante, las fuentes alertaron sobre la sospecha de que el gobierno podría extender la arruga hasta mayo.
«El gobierno ya adoptó una posición adelantada en cuanto al porcentaje del aumento salarial tomando en cuenta las declaraciones emitidas este martes por el diputado Óscar Ronderos», advirtió un consultado.
El parlamentario de la Asamblea Nacional electa en 2020 informó que el Presupuesto Nacional 2024 tiene previsto un aumento de 10% al salario mínimo y otros ajustes de 70% a los bonos compensatorios.
La noticia fue rechazada en las redes por el movimiento sindical independiente, pues el ajuste salarial de 10% no compensa una inflación de 280%.
Jakeline Richter, profesora de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que la administración de Maduro insiste en imponer su política de desalirizacion a través de los bonos.
«Esto destruye el sistema de protección laboral de los trabajadores venezolanos», sostuvo la abogada.
Destacó que el salario mínimo es la base de cálculo para el pago de beneficios laborales como las horas extras, aguinaldos y bonificación de fin de año, vacaciones, liquidación cuando cesa la relación obrero patronal y las prestaciones sociales, entre otros conceptos.
Richter considera que de no concretarse una mejora sustancial del salario mínimo, los trabajadores -fundamentalmente del sector público y los pensionados y jubillados que ganan sueldo mínimo- profundizarán la lucha por el salario mínimo suficiente y pensiones dignas.
En este contexto, la catedrática resaltó que si la AN aprueba el Presupuesto con el 10% de aumento salarial, las protestas obligarán al Ejecutivo a solicitar un crédito adicional para satisfacer la demanda de lis trabajadores, jubilados y pensionados.