El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este martes 9 de enero la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (EEUU), en relación «con el vulgar despojo que se desarrolla en ese país contra la empresa Citgo Pretroleum Corporation».
En un comunicado, precisó que “esta decisión constituye un paso adicional «en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que les pertenecen».
Agregó que este fallo emitido por la justicia norteamericana confirma «el grave perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción criminal de delincuencia organizada autodenominada ‘Asamblea de 2015’ que, desde el año 2019, ha pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero».
El gobierno advirtió que con esa acción “han impedido a las legítimas autoridades ejercer las acciones necesarias para la efectiva protección de Citgo dentro del territorio estadounidense”, vulnerando los acuerdos suscritos en Barbados.
En ese sentido, puntualizó que seguirá adoptando las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición «para evitar la consumación del despojo definitivo de la empresa Citgo».
También continuará exigiendo a los órganos del sistema de justicia venezolano -según expone en el comunicado- “establecer las sanciones que correspondan contra los responsables del robo de este activo de gran importancia”.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos negó la solicitud de revisión de la sentencia de la Corte de Delaware en la que halló que el gobierno interino de Juan Guaidó «usó los recursos de Pdvsa para sus propios fines, permitiendo la emisión de más de 19 millardos de dólares en órdenes de embargo sobre Citgo”.
«Certiorati denegado» se lee en el documento publicado por la Corte Suprema, en el apartado que recoge el caso de Venezuela y otros contra OI European Gorup B.V. y otros, constató AFP.
El certiorari es un recurso legal que permite a una parte solicitar que un tribunal superior revise el caso y determine si se ha cometido algún error.
El control de Citgo fue entregado por el gobierno de Donald Trump (2017-2021) a opositores venezolanos en enero de 2019 y es uno de los activos de Venezuela que sigue controlando los opositores por decisión de Estados Unidos, que sigue considerando «legítimo» el Parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 a pesar de que su legislatura terminó en 2021.