Los Gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, expresaron este martes renovar su respaldo al Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien hace seis meses la Asamblea Nacional de Venezuela le confió dicho cargo constitucional y destacaron su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el cese de la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro.
Asimismo, reiteraron su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represión, y negación de derechos primordiales, como la salud, la alimentación y la educación, entre otros, las que han quedado documentadas y confirmadas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, presentado en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Hacen suyas las conclusiones y recomendaciones del mencionado Informe. Además, coinciden en la necesidad de que se establezcan, a la mayor brevedad, los mecanismos apropiados de seguimiento y de investigación en el Consejo de Derechos Humanos.
Decidimos remitir el mencionado Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania, la cual fue complementada en mayo de 2019, resaltan los cancilleres del grupo de Lima.
También instan a que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y organismos internacionales.
Repudian la candidatura presentada por el régimen de Maduro, a nombre de Venezuela, para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y requieren que, de ser electa, dicho asiento sea ocupado por el gobierno legítimo de Venezuela. Asimismo, expresan su apoyo a la candidatura de Brasil a dicho Consejo.
El grupo de Lima expresó su apoyo, a través de sus órganos competentes, a todas aquellas investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el impacto en la región de dichas actividades.
Señalaron la necesidad de promover igualmente una amplia investigación del apoyo que se ha brindado al régimen de Nicolás Maduro, a lo largo de los años, por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región a través de esquemas trasnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Los cancilleres asimismo manifestaron su rechazo a los foros y movimientos -como el autodenominado Foro de São Paulo- que pretenden actuar en defensa del régimen dictatorial ilegítimo de Nicolás Maduro. Por eso, instan a las agrupaciones políticas verdaderamente comprometidas con la democracia, con los derechos humanos y con el Estado de derecho, en el hemisferio y en otras regiones, a que no participen de dicha línea de acción y a que, por el contrario, y a la luz del Informe de la ACNUDH, coadyuven al proceso de transición democrática en Venezuela.
Enfatizan que la crisis en Venezuela tiene una dimensión regional con impacto global y reiteran que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es una condición necesaria para que América Latina pueda afirmarse en el camino de la libertad y prosperidad que desean sus pueblos.
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