Para los venezolanos es motivo de satisfacción y orgullo que las denuncias e investigaciones realizadas a través de organizaciones de derechos humanos, de países aliados y por la valentía y dignidad de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro, se esté concretando en acciones judiciales internacionales que evidencian la caracterización de una dictadura que se ha instaurado en Venezuela, donde se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Así lo manifestó el diputado por el estado Lara Guillermo Palacios, en la sesión de la Comisión Delegada al referirse a la decisión del Fiscal de la Corte Internacional karim khan de abrir una investigación sobre los al régimen de Maduro y su cúpula, sobre violaciones de derechos humanos y crimines de lesa humanidad
“Esta decisión debe producir un resultado importante a partir de la investigación acordada por la Corte Penal Internacional, en donde avanza un juicio de los que poco se conoce sus procedimientos tan exigentes, porque se trata de juzgar, por lo general, a altas personalidades del país objeto de denuncia”.
Agregó que en este proceso se está precisamente en la etapa mediante el cual el Fiscal ha solicitado abrir la investigación en el juicio que se le sigue al régimen de Venezuela, por haberse evaluado los patrones de realización de crímenes y ejecuciones extrajudiciales, los cuales han sido documentados suficientemente.
“La Misión independiente designada por el Consejo de derechos Humanos de las naciones Unidas comprobó que se practicaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación, opiniones o expresión política. En los casos investigados, varias personas detenidas también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las agencias de inteligencia SEBIN y DGCIM”.
Sostuvo que organismos policiales como las FAES y el SEBIN han practicado allanamientos sin orden judicial en los hogares y residencias de personas y familiares de detenidos con el objeto de presionar y chantajear a los detenidos y han cometido crímenes contra personas por ser opositores al régimen o haber participado en protestas y manifestaciones contra el régimen.
“Los responsables de estos crímenes, que no dudamos estén conectados con los altos funcionarios, deben ser sancionados y para ello demandamos de la Corte Penal Internacional la mayor celeridad posible para que quienes resulten culpables sean sometidos a las sanciones internacionales previstas y paguen por los crímenes y el daño que han causado a Venezuela”.