Bibiana Lucas, presidenta de la Comisión Especial de Control y Supervisión de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A, explicó este jueves, en rueda de prensa, el alcance del informe presentado por esa instancia, el cual fue aprobado con los votos de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, a pesar del voto negado de Voluntad Popular.
Lucas detalló que la comisión sostuvo reuniones con diversos actores involucrados en la operatividad de la empresa, con el objetivo de realizar una investigación respecto a su situación financiera y política.
Monómeros es una filial de Pequiven con operaciones en Colombia, donde tiene dos plantas. Una en Atlántico (Barranquilla) y otra en el Valle del Cauca (Buenaventura), lo que la constituye como una de las principales proveedoras de insumos para la industria local.
El informe, de más de 50 páginas revela que se intentó llevar a cabo una “toma hostil” de Monómeros por parte de su principal acreedor, Nitron Group, para ocasionar la quiebra de la empresa. La diputada detalló que Nitron Group ejecutó una estrategia de toma de control denominada “loan to own”, que busca hacerse con la mayoría del pasivo externo de una compañía en apuro financiero, para luego convertir tales deudas en acciones durante un proceso de insolvencia.
“Nitron Group se relacionó con algunos de los principales funcionarios de la administración de Monómeros y dentro del informe están señalados muy claramente”, agregó Lucas.
Sostuvo que existen fundamentos para creer que se fraguó una conspiración por parte de exempleados de la empresa para llevarla a la quiebra. Entre ellos destacan la presidenta de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández; el antiguo gerente financiero, William Otero Gracia; Ailyn Paola Herrera, exgerente de Contrataciones y el contratista Jorge Luis Pacheco, vinculados a Voluntad Popular.
“Esta situación, que tiene que ser profundamente investigada y de comprobarse, debería tener consecuencias jurídicas en lo civil, administrativo e incluso en el ámbito penal”, señala el informe.
La parlamentaria aclaró que Monómeros actualmente no está quebrada, pero tiene un problema de flujo de caja.
Por otra parte, el documento contiene unas recomendaciones dirigidas al rescate de la empresa. Al respecto, la diputada señaló que “la Asamblea Nacional debe asumir la defensa de Monómeros como un activo de los venezolanos. Para esto debe darse una reestructuración ordenada: despartidizando la selección de la junta directiva, solicitando la intervención de un cazatalentos. Además, tiene que realizarse una auditoría externa profunda por parte de una empresa internacional de renombre y, por último, debe darse una reforma de los estatutos sociales”.
“En Monómeros hubo exceso de politización, tuvo cuatro gerentes en menos de dos años y medio. Esto tiene que cambiar, se deben reformar sus estatutos actuales y escoger a la directiva con un método serio”, agregó.
Lucas exhortó a la Asamblea Nacional a convocar una sesión extraordinaria en las próximas horas para discutir y aprobar este informe.
De la toma de control a una oposición dividida
En septiembre se hizo público que la Superintendencia de Sociedades de Colombia había “sometido a control” a Monómeros Colombo Venezolanos S.A., mediante la Resolución número 301-004466 del 20 de agosto de 2021. La medida se constituyó como el máximo grado de supervisión que puede ejercer esa instancia sobre una compañía vigilada.
El ente de control detalló que la decisión se tomó tras identificarse “situaciones susceptibles de mejora en sus procesos económicos, jurídicos y administrativos”, los cuales, en caso de quedar en firme la decisión, serán responsabilidad de la sociedad, bajo el seguimiento que realice la superintendencia.
El reporte de la Superintendencia de Sociedades señala que Monómeros afronta fallas de flujo de caja que generan problemas de liquidez para atender el pago a trabajadores y proveedores, así como los suministros de fertilizantes para el sector agrícola colombiano. También se detectan presuntas irregularidades en la contratación de proveedores y una cantidad de demandas laborales.
Esa decisión ha tenido implicaciones políticas para Venezuela, principalmente para la oposición y particularmente para la estructura de gobierno interino que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, tomando en cuenta que a principios de 2019 designó una directiva ante el hecho de que la nombrada Nicolás Maduro dejó de ser reconocida por el gobierno de Iván Duque, señaló el semanario Exclusivas Económicas en septiembre.
En tanto, Carmen Elisa Hernández, señalada en el informe de la Comisión Especial de Control y Supervisión, en ese momento renunció a su cargo, ya que rechazaba los argumentos expuestos por la directiva contra la decisión adoptada por esa institución del Estado colombiano.
“La Superintendencia de Sociedades es un organismo absolutamente serio y técnico”, dijo al momento de confirmar que entregó su renuncia a Guaidó. Aseguró en su carta que “la medida de control es el único mecanismo para proteger a Monómeros y permitirle superar la grave situación en la que se encuentra. Considero que con esta acción de contravenir la resolución de la Superintendencia de Sociedades se arriesgan más de 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos que hacen parte de la operación de Monómeros”.
Mientras, Maduro reclama como suya la empresa Monómeros y tres partidos del G4 -Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática- se deslindan del manejo de Monómeros por parte del interinato.