El gobierno de Portugal dio su visto bueno para que los 1,5 millardos de dólares depositados en Novo Banco, que pertenecen a fondos provenientes del Banco De Desarrollo Económico y Social (Bandes), sean transferidos al gobierno de Nicolás Maduro, revela el semanario Exclusivas Económicas.
Sin embargo, la institución financiera portuguesa es privada y cuenta con sucursales en Estados Unidos, lo que establece una limitante dado el overcompliance impuesto por las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, agrega la publicación
La institución financiera, que antes de ser intervenida hace pocos años se llamaba Banco Espirito Santo, podría señalar que si bien los fondos son del gobierno de Maduro su transferencia se hace imposible a menos que haya un acuerdo que proteja a la entidad financiera de ser objeto de castigos por parte del gobierno de Joe Biden, señala el semanario.
Esa cantidad de dinero, además, forma parte de lo que se ha contabilizado para ser incluido en el Fondo Social que en teoría establece la negociación entre la administración de Maduro y la oposición y que sería manejando por la ONU. No obstante, este particular parece estar en el limbo por algunos desacuerdos con la vía de desembolso.
Exclusivas Económicas señala que tampoco queda claro en el caso de que el banco quisiera transferir los fondos a qué cuenta podría hacerlo, pues el gobierno venezolano no puede utilizar el Swift que es el sistema de transferencias financieras controlado por Estados Unidos. Sin esto es casi imposible que estos recursos sean transferidos a bancos europeos.
Es importante tomar en cuenta -advierte el semanario-que a partir de ahora existe el incentivo por parte de Maduro de exigir que ese dinero le sea entregado directamente ante el reconocimiento del gobierno de Portugal de que esos recursos le pertenecen a la República de Venezuela. Por lo tanto, Maduro podría asegurar que no forman parte del Fondo Social.
Sea cual sea el desenlace, este es un round ganado por Maduro en cuanto a reconocimiento y, al mismo tiempo, le eleva el costo al gobierno de Estados Unidos de interferir con las sanciones en una acción legal tomada por un gobierno constitucional como lo es el de Portugal.