En un documento suscrito en octubre de 2020 por el partido Primero Justicia, dirigido y entregado a Juan Guaidó en calidad de presidente interino, se detallan irregularidades cometidas por la Procuraduría Especial, PDVSA ad hoc, el Centro de Gobierno y el BCV ad hoc, así como el mal manejo de los recursos del Fondo Especial de Litigios.
El más reciente reporte Exclusivas Económicas revela que el texto fue desestimado y engavetado por la máxima autoridad del Parlamento. El escrito explica que la Comisión Técnica del Fondo Especial de Litigios nunca fue consultada, ni discutida, ni se realizaron negociaciones ni se acordó en ningún momento que la Comisión no participaría en el análisis previo de las contrataciones de firmas de abogados, competencia y función claramente definidas en los acuerdos de la Asamblea Nacional de fecha 19 de noviembre de 2019 y del 20 de enero de 2020.
El informe de Exclusivas Económicas detalla además que tal Comisión NO HA AUTORIZADO PAGOS con cargo al Fondo Especial de Litigios. Denuncia, adicionalmente, que lo que se buscó fue subvertir la función contralora establecida por la Asamblea Nacional y asignada a la Comisión, para disponer del Fondo Especial de Litigios y efectuar pagos sin la debida autorización.
En el documento, al que tuvo acceso Exclusivas Económicas, se solicita también una investigación por presuntos conflictos de interés del exprocurador especial José Ignacio Hernández González y se determine cuál fue la verdadera naturaleza y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar de su vinculación con diferentes casos de reclamaciones patrimoniales ejercidas por distintas empresas en contra de la República, tales como las iniciadas por Crystallex International Corporation y OI European Group B.V. (Owens Illinois), así como con el litigio planteado por PDVSA US Litigation Trust contra Helsinge, Inc. y otros.
La solicitud de comparecencia se extiende a las firmas de abogados venezolanas y extranjeras que intervinieron en tales casos (incluyendo aquella en la cual el referido ciudadano era socio en Venezuela), como a los demás expertos que también participaron en los mismos. Asimismo, en el documento se exige que se determine si la adopción de la decisión de haber ejercido y llevado adelante la acción judicial de nulidad de los bonos de PDVSA 2020 ante la Corte de Distrito del estado de Nueva York fue la correcta, a pesar de las múltiples advertencias, preocupaciones y oposiciones que fueron manifestadas al respecto, pero sobre todo y fundamentalmente la manera en la cual ha sido conducido dicho proceso.
Llama la atención que el documento expone que cabe exigir responsabilidades tanto a aquellos funcionarios del Centro de Gobierno que han actuado o tomado concurso directamente en el diseño de las estrategias para la defensa de los derechos e intereses de la República en el extranjero como a quien se desempeñó al frente de la Procuraduría Especial de la República entre el 27 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020, el actual procurador especial, y miembros de las juntas directivas de
PDVSA y el BCV y en caso afirmativo, declarar aquellas responsabilidades que corresponda declarar a la propia Asamblea Nacional e instar a los organismos competentes a que inicien las actuaciones y procedimientos destinados a exigir todas aquellas otras responsabilidades a que haya lugar.
El texto recomienda que se proceda a valorar la conveniencia de apelar la decisión judicial y solicitar a la firma de abogados que hasta la fecha han llevado los casos una explicación detallada y por escrito sobre por qué se deba apelar y las probabilidades de éxito de esta acción.
Primero Justicia exigió que se llevaran a cabo gestiones para una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos que tuvieron a su cargo tanto la presentación de Declaraciones de Interés en el proceso, como participación en la audiencia oral a la cual fueron convocados por el tribunal, con el fin de entender las razones por las cuales declinaron emitir pronunciamiento en torno a si el contenido de los acuerdos emitidos por la Asamblea Nacional y los efectos de dichos actos, tanto sobre la emisión de los denominados Bonos 2020 como sobre la garantía prendaria dada para asegurar el pago de los mismos, es compatible o no con la Ley y con la política de los Estados Unidos, procurando intensamente una extensión de la protección ya conferida y aún en vigor por la OFAC.
Solicitaron, además, que se determinara si la apelación resulta indispensable para la preservación de las medidas de protección de activos que ya han sido acordadas por la OFAC. Y exigieron que si se procedía a ejercer la apelación se calcule el costo en caso de que se pierda dicha apelación; así como el impacto negativo que tendría esa decisión en el resto de los pasivos de la República y PDVSA además de los costos en honorarios de abogados y expertos.
Fuente: Reporte Exclusivas Económicas
