El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) presentó este viernes 21 de mayo, vía online, los resultados de la investigación “Bitácora de Riesgos”, en la que fue reflejado el impacto de la violencia en el ejercicio del periodismo en el país. En el reporte, llamado “Las cicatrices del periodismo venezolano”, la organización documentó, entre 2019 y marzo de 2021, “un total de 481 casos de restricciones y agresiones contra el trabajo periodístico a lo largo del territorio nacional”.
La comunicadora social y coordinadora de Libertades Informativas de IPYS Venezuela, Daniela Alvarado Mejías, explicó que la información fue depositada en un “Mapa de Riesgos”, donde se tipifican 17 actos violentos, entre los que destacan: la intimidación, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas.
Para recabar la información, la organización realizó una encuesta online a un periodista por cada estado del país y el Distrito Capital (24 en total). Con los resultados obtenidos, se exponen las “consecuencias generadas por los hechos violentos que se producen contra el trabajo periodístico y, por ende, contra el derecho a la información”, señala la investigación.
De acuerdo con lo explicado por la comunicadora y coordinadora de la investigación, Cristina González, el sondeo de opinión fue realizado entre el 1º y 23 de marzo de 2021 a corresponsales de IPYS Venezuela o delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
A través de la encuesta IPYS Venezuela determinó que la violencia contra el ejercicio del periodismo en el país se ha consolidado “en las últimas décadas como una política de Estado tanto por omisión como por acción”. La intimidación es el principal acto de violencia contra los trabajadores de la comunicación. En el mapa de riesgos es detallado en 10 estados del país y el Distrito Capital.
Las comunicadoras detallaron que la principal consecuencia de la intimidación, ejercida a través de amenazas (físicas, verbales, legales, entre otras), es la autocensura. Mientras que los medios de 21 estados se han visto sometidos a la censura, y en un tercer renglón se ubica el desplazamiento forzado de periodistas “dentro o fuera del territorio nacional, luego de amenazas, acoso y persecución”, dijo González.
También hubo periodistas que confesaron haber cesado su ejercicio profesional, temporalmente, a consecuencia de los mensajes intimidatorios recibidos, provenientes del gobierno regional. “Por temor de ver afectada su integridad personal, se escondieron en fincas o fundos. Algunos de ellos retomaron el trabajo junto a la decisión de abordar temas menos críticos o polémicos para las autoridades”, afirmó la coordinadora de la investigación.
Otras prácticas
IPYS también determinó a través de la investigación que la violencia física, con impactos de nivel alto y medio en contra los trabajadores de la prensa, se extiende a 15 de los 24 estados de Venezuela. Mientras que las lesiones leves “son resultados comunes de las agresiones físicas contra periodistas en 18 entidades”, señala la investigación. En otras ocho entidades se presentaron casos de lesiones graves, que requirieron atención médica de emergencia.
Asimismo, los cuerpos de seguridad aplican violencia sistemática contra los periodistas venezolanos, según la información contenida en el mapa de riesgo, a través de detenciones arbitrarias, consideradas como violencia de alto impacto y que se han perpetrado en ocho entidades del país.
La investigación revela que al menos 5 de las 99 detenciones arbitrarias documentadas por IPYS, desde 2019 hasta marzo de 2021, también incurren en desapariciones forzadas “con autorización o conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado sin que reconozcan la detención ni respondan sobre el paradero del detenido”. Ejemplificaron este particular con el caso del periodista Roland Carreño,detenido el 26 de octubre de 2020, cuando fue víctima de desaparición forzada durante 24 horas, y posteriormente, el 6 de enero de 2021 por otras 12 horas.
Otra de las consecuencias que se pudo observar a través de la investigación es que ahora los periodistas sugieren hacer la cobertura en grupos o pareja, a manera de protección colectiva. También hacen un llamado a la solidaridad del gremio.