El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) presentó este lunes su informe anual sobre los casos de restricciones a las libertades informativas, ocurridas en el país durante los 12 meses de 2020. El reporte, llamado “El virus de la censura”, dejó al descubierto una serie de violaciones al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, principalmente, por parte de los organismos estadales del Ejecutivo nacional.
De acuerdo con el informe de IPYS, durante el año pasado se contabilizaron en Venezuela 374 incidencias que sumaron 636 violaciones a las garantías informativas, en un período de 12 meses en los que hubo ataques contra la libertad de expresión y restricciones al acceso a la información pública en Venezuela.
Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPYS Venezuela, explicó que en el transcurso de 2020 en el país se documentaron “338 violaciones de agresiones y ataques. 102 por abuso del poder estatal y 63 limitaciones de acceso a la información pública. También se identificaron 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa y 12 de censura interna. Asimismo, un caso de impunidad”.
Detalló que del total de 374 casos registrados por IPYS, en 252 casos identificaron como principales victimarios a funcionarios de los distintos niveles del poder Ejecutivo. Mientras Alvarado intentaba leer las conclusiones de informe durante una transmisión a través de la plataforma Zoom, fue boicoteada presuntamente por un hacker que iba escribiendo figuras obscenas en la pantalla mientras. Una vez que el soporte técnico de la organización logró cerrar el camino al hacker, continuó la exposición.
Alvarado también añadió que se reportaron “25 denuncias de bloqueos a plataformas digitales informativas y redes sociales; 23 restricciones a la expresión en línea, además de 2 casos por limitaciones a la privacidad”. “Las violaciones a las garantías en la red comprendieron 27 ataques que afectaron a periodistas y a los servidores de medios de comunicación”, señaló.
Por su parte, la directora ejecutiva de la organización, Marianela Balbi, explicó que en el reporte predominaron las detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela. Aseguró que el mayor número de casos ocurrieron en los meses enero, marzo, abril, mayo y junio.
Agresiones y asesinatos
Balbi destacó los casos de José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, “dos trabajadores de medios de comunicación que fueron asesinados bajo causas que aún se desconocen, durante el mes de agosto”. “Esta organización pudo confirmar que Bislick fue hallado muerto en Güiria, municipio Valdez, del estado Sucre, mientras que Nieves Zacarías perdió la vida tras ser ejecutado extrajudicialmente por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que le dispararon a quemarropa en Cabimas, estado Zulia, al noroeste del país”, detalla el reporte de IPYS.
También hizo referencia al secuestro e intento de homicidio contra el reportero gráfico del diario La Antena, Jamel Louka, registrado por esta organización el 2 de diciembre. Louka ya había recibido amenazas y la visita de dos desconocidos a su casa en más de una ocasión, para exigirle que “les bajara el tono a sus publicaciones”. “Luego de resguardar a su familia, el reportero fue interceptado en su vivienda por los mismos dos sujetos, un hombre y una mujer, quienes con una escopeta le propinaron un disparo de bala que le perforó el brazo izquierdo, y otro que tenía como dirección su abdomen, pero fue esquivado por un chaleco antibalas que tenía puesto en ese momento”, se puede leer en el referido reporte.
Asimismo, las representantes de la organización reiteraron el caso del periodista y dirigente político de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien el pasado 2 de febrero cumplió 100 días tras las rejas. Alvarado recordó que en el caso del comunicador social se pudo documentar dos desapariciones forzosas en su contra, más la detención arbitraria y retardo procesal.
“Roland Carreño fue víctima de una desaparición forzada después de ser abordado por dos vehículos negros y sin identificación en las inmediaciones de su vivienda. Pasaron 24 horas sin que se conociera el paradero de Carreño, hasta que funcionarios del Estado señalaron que el comunicador se encontraba bajo su custodia”, dice el informe. El periodista es acusado por los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Periodismo regional
Durante la exposición del reporte, le dieron la palabra a la también periodista María Fernanda Rodríguez, del estado Mérida, para que informara sobre las complicaciones del ejercicio del periodismo en las regiones. Detalló que las principales limitaciones por las que atraviesan los reporteros y corresponsales regionales están vinculados al acceso a los servicios básicos.
«A los periodistas con trabajos en medios locales se les hace muy difícil mantener informada a la población cuando fallan los servicios básicos. Muchas veces se desconoce las dificultades del periodismo en las regiones”, dijo.
Aseguró que desde que inició la cuarentena por la COVID-19, en marzo pasado, las fallas en los servicios públicos se agudizaron, especialmente en las regiones, lo que dificultó el ejercicio de la profesión. “En Mérida llegamos a contabilizar hasta 20 horas sin servicio eléctrico, lo que evidentemente nos dificulta el acceso al Internet y a las telecomunicaciones”.
Rodríguez aseguró que son pocos los periodistas que pueden resolver cuando ocurren fallas, por ejemplo, en el servicio eléctrico, a diferencia de aquellos que trabajan para medios nacionales e internacionales, pues estos suelen proveer a sus trabajadores de los equipos necesarios para que puedan cumplir con su labor.