El Banco más grande de los Estados Unidos, J.P.Morgan, analizó este lunes en un artículo publicado para sus clientes, los últimos acontecimientos políticos que se han presentado en las últimas horas en Venezuela y advierten que nuestro país atraviesa por «unas turbulencias esperadas»
«El viernes por la noche, el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) ratificó una decisión anterior de la Contraloría que inhabilita a María Corina Machado, candidata de la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria, para postularse a un cargo político durante 15 años. En el evento, el TSJ también ratificó una inhabilitación anterior para el ex candidato Henrique Capriles, al tiempo que levantó inhabilitaciones anteriores contra otras cinco figuras de la oposición. Recordemos que el 15 de diciembre Machado había solicitado dicha revisión por parte de la Corte bajo un proceso acelerado, que formaba parte de los pasos de implementación establecidos en el acuerdo de Barbados de octubre de 2023», puntualiza el escrito.
Detallan que el Departamento de Estado de Estados Unidos siguió la decisión “profundamente preocupante”, señalando que está revisando su política de sanciones, argumentando que la medida va en contra de los compromisos asumidos en virtud del acuerdo de Barbados.
Recuerdan que Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la oposición en Barbados, ofreció una conferencia de prensa calificando la decisión como una “violación parcial” y señalando también una falta del “debido proceso” según lo establecido en el acuerdo de Barbados. «Blyde no llegó a pedir una reversión del alivio de las sanciones y dijo: «No estamos pidiendo sanciones, ese no es nuestro trabajo».
Por su parte, Machado afirmó en redes sociales que Maduro había “dado fin” al acuerdo de Barbados pero reiteró su compromiso con el camino de elecciones libres y justas.
«Que el TSJ haya llegado a esta decisión no sorprende. Como escribimos anteriormente, las autoridades de Maduro parecían tener pocos incentivos para permitir que Machado se postulara, ya que representaría una potente amenaza electoral para Maduro. Además, el hecho de que Estados Unidos indique su intención de revisar la política de sanciones es coherente con su comunicación anterior sobre la naturaleza del alivio», advierten los especialistas Katherine Marney, Gorka Lalaguna y Ben Ramsey, autores del análisis.
Añaden que «es interesante el énfasis que hacen Estados Unidos y figuras de la oposición en el proceso defectuoso para llegar a la decisión sobre la inhabilitación de Machado, en lugar de una prohibición en sí. Ese lenguaje es consistente con declaraciones de prensa anteriores que describen uno de los términos del alivio de la sanción . Podría sugerir que la administración Biden está más centrada en las condiciones y el proceso bajo los cuales se llevan a cabo las elecciones, más que en la participación de candidatos específicos (aunque también vale la pena mencionar que algunos funcionarios estadounidenses se han referido en el pasado a Machado como el líder de la oposición). En este sentido, al sopesar sus próximos pasos en relación con el alivio de las sanciones, Estados Unidos también puede mirar hacia adelante para avanzar en otros puntos del acuerdo de Barbados, como invitar a misiones de observadores electorales internacionales, actualizar los registros electorales y fijar una fecha para las elecciones en 2024. La postura de Machado en el futuro y la capacidad de la Plataforma Unitaria para eventualmente lograr un consenso sobre un candidato sustituto también podrían influir en la visión de Estados Unidos sobre el progreso futuro».
Reducción de licencias
Los especialistas de JP Morgan explican que los acontecimientos recientes aumentan la incertidumbre sobre la longevidad del alivio de las sanciones al petróleo y al gas. «Si Estados Unidos decide retirar parcialmente el alivio de las sanciones, como señalamos anteriormente con base en informes de prensa, la reducción de las licencias relacionadas con la minería podría estar sobre la mesa. Estimamos que el mantenimiento del alivio de las sanciones petroleras agregaría alrededor de $6 mil millones a los ingresos por exportaciones de Venezuela este año, mientras que el sector minero contribuiría significativamente menos».
Aun así, consideran que si bien los acontecimientos recientes ciertamente plantean un desafío a los argumentos a favor de una extensión del alivio de las sanciones al petróleo y al gas, Estados Unidos aún podría preferir abstenerse de tomar medidas preventivas definitivas en el sector petrolero hasta que se desarrolle una mayor parte del proceso.
«Podría decirse que el aumento de los flujos de petróleo todavía brinda a Maduro incentivos para mantener el acuerdo de Barbados sobre soporte vital, especialmente a medida que los beneficios de esos flujos se vuelven más evidentes. Al ratificar la inhabilitación de Machado varios meses antes de la fecha de revisión de abril, así como una fecha electoral (aún por determinar) en el segundo semestre de 2024, también podría dar tiempo para avanzar en otros aspectos del acuerdo de Barbados, así como para darle tiempo a Machado y otras facciones de la oposición para que reevalúen la estrategia electoral y potencialmente se unan en torno a un nuevo candidato. Finalmente, la administración estadounidense podría mostrarse reticente a reducir el alivio de las sanciones petroleras, dados los beneficios económicos para ambos países, en el contexto de los elevados flujos migratorios venezolanos hacia Estados Unidos y las crecientes tensiones geopolíticas derivadas de los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente. En términos de los próximos pasos en el frente político, estaremos atentos a los anuncios sobre la fecha de las elecciones y la comunicación de Machado sobre su estrategia o la de la oposición a la luz de la decisión del viernes», indica el artículo.
Finalmente señalan que a pesar de los acontecimientos recientes, «reiteramos que consideramos que el levantamiento de la prohibición de negociar bonos globales de Venezuela y PDVSA en el mercado secundario es una medida que la administración pretende que sea permanente. Como hemos destacado en oportunidades anteriores, no existe un período de revisión asociado con el levantamiento de las restricciones al comercio de bonos, y el Secretario de Estado Blinkin ha caracterizado este cambio de política como un mérito independiente, con el objetivo definido de “desplazando a jugadores nefastos en este mercado, y con un beneficio financiero insignificante para las autoridades de Venezuela”. En base a esto, creemos que es poco probable una posible reanudación de la prohibición comercial. En medio de esta mirada de titulares, vale la pena mencionar que el período de observación del Index Watch de Venezuela/Pdvsa finalizará el próximo miércoles (31 de enero de 2024)».