La cancelación en petros a los extrabajadores jubilados y sobrevivientes beneficiarios del Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela es totalmente desventajosa, aseguró Félix Jiménez, directivo de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica.
El representante de AJIP explicó que los petros no son cancelados inmediatamente ni al valor fijado por el Banco Central de Venezuela, sino que antes son subastados por el mismo ente emisor.
«El problema es que los inversionistas -la mayoría enchufados o de las mafias- participantes en la subasta compran esos petros a la mitad o menos de su valor en perjuicio de cada beneficiario del Fondo», dijo.
Recordó que de acuerdo con la auditoría de 2016, el pago -solo por intereses- a cada beneficiario se estableció en 13,5 petros (670 dólares) mensuales, monto que fue rebajado arbitrariamente a 4 petros al mes y que son objeto de la subasta.
Ante este tratamiento injusto, sostuvo el dirigente, los jubilados de Pdvsa se declararon en emergencia y movilización con acciones permanentes en 2023 para que les paguen los montos establecidos en la auditoria y en dólares.
Insistió en que la forma deficiente de cancelar los intereses de la deuda perjudica a 34.000 jubilados y sobrevivientes beneficiarios del Fondo. «Estos es una estafa», sostuvo.
Jiménez advirtió que desde 2016, Pdvsa no ha dado noticias respecto a nuevas auditorías pese a que el deber ser es actualizar periódicamente los números.
«Con los aumentos del Petro y el dólar en los últimos seis años, esa actualización significa pagar actualmente 60 petros mensuales por persona», expresó.
El dirigente reveló que sigue pendiente la reunión de AJIP con la directiva de Pdvsa, la cual no se pudo realizar durante la presidencia de Asdrúbal Chávez y que esperan se concrete con el nuevo presidente de la estatal petrolera, Rafael Tellechea, «para tratar todo lo relativo a la situación del fondo y el pago correcto de la deuda con los beneficiarios».
Desfalco escandaloso
Se calcula que la deuda de Pdvsa -ocasionada por malos manejos de sus administradores- con los beneficiarios del Fondo asciende al 1,7 millardos de dólares.
Han sido varios los defalcos denunciados, destacando entre ellos el del administrador Francisco Illaramendi, al que se le atribuyen más de 450 millones de dólares.
Parte de esa suma fue utilizada por el exadministrador del Fondo de Pensiones para financiar una estafa con ahorristas en Estados Unidos mediante el ilegal esquema ponzi (pirámide).
Por este hecho, en 2011 Illaramendi fue enjuiciado en Estados Unidos con una condena de trece años de prisión.
Sin embargo, sindicalistas y trabajadores venezolanos hicieron circular los últimos días por las redes sociales una supuesta orden para su excarcelación en 2023.
Respecto a la posibilidad de una extradicion de Illaramendi a Venezuela para ser juzgado por delitos en el país, Jiménez es escéptico porque «con el chavismo impera una sociedad de cómplices y de impunidad judicial».
Aseveró que «la responsabilidad de indemnizar a los beneficiarios del Fondo de Pensiones recae legal y exclusivamente sobre Pdvsa».