El juez Federal del distrito de Delaware, Leonard P. Stark negó la solicitud de Venezuela de detener los esfuerzos de Crystallex para planificar la venta de la empresa Citgo, con el fin de honrar una sentencia de 1.200 millones de dólares contra el país.
Igualmente concluyó que Caracas no ha demostrado que es posible que salga victorioso de una apelación en curso en el Tercer Circuito dela justicia norteamericana.
Al dictaminar desde el banquillo, al final de una audiencia virtual, el juez dijo que no estaba convencido de que la apelación de Venezuela introducida en el mes de enero, le diera luz verde a la empresa minera canadiense para seguir adelante con la venta de PDV Holding Inc . tendría éxito, señalando que ni siquiera estaba claro si el tribunal de circuito tiene jurisdicción para fallar en la disputa.
Para que el Tercer Circuito considere la apelación, la orden impugnada por Venezuela tendría que ser definitiva, pero el juez dijo que no cree que ese sea el caso aquí, ya que queda mucho por hacer antes de que la venta pueda avanzar. Eso incluye nombrar a un maestro especial para guiar el proceso de venta, que las partes discutieron el martes antes en la audiencia.
«No sugiero que sea una apelación frívola sobre el fondo … pero no estoy convencido de que haya una posibilidad razonable de que las partes venezolanas prevalezcan en la apelación», dijo.
El juez Stark tampoco estaba convencido de que Venezuela, que indirectamente posee Citgo a través de PDV Holding, una subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela SA, se vería irreparablemente perjudicada al permitir que continúe la planificación del proceso de venta. Señaló que ninguna venta puede proceder sin una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
«Queda mucho trabajo por hacer y creo que tenemos que ponernos manos a la obra», dijo.
Agregó que Venezuela, PDVSA y entidades relacionadas han tenido la libertad de pagar la deuda contraída con Crystallex en cualquier momento desde que se emitió el laudo en 2016, o de realizar la venta ellos mismos y evitar los procedimientos actuales, «pero no tienen derecho bajo la jurisdicción de Delaware. o la ley federal para decirle al sistema judicial estadounidense lo que puede hacer con la propiedad adjunta «, refiriéndose a las acciones de PDV Holding.
En la decisión de enero impugnada por Venezuela, el juez Stark negó la moción de Venezuela para anular la orden de embargo de las acciones de PDV Holding que emitió a Crystallex hace más de dos años a la luz de las circunstancias «extraordinarias» relacionadas con una lucha de poder en curso entre venezolanos. El presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, diciendo que sería «injusto» permitir que Caracas siga evadiendo el pago de lo que debe.
En la apelación, Venezuela, PDVSA, PDV Holding y Citgo pretenden argumentar que la orden de embargo otorgada por el juez Stark viola la ley de Delaware, que no permite que un acreedor judicial embargue acciones en poder de la subsidiaria de un deudor judicial sin una demostración de fraude.. También tienen la intención de impugnar la orden del proceso de venta, argumentando que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela impiden que las partes tomen medidas «concretas» hacia una venta.
Cabe recordar que Crystallex ganó una demanda en abril de 2016 luego de que un tribunal internacional concluyera que Venezuela violó su tratado de inversión con Canadá al expulsar injustamente a la compañía de un contrato operativo para la mina Las Cristinas, que contiene uno de los depósitos de oro sin desarrollar más grandes del mundo. Un tribunal federal de DC confirmó el premio en marzo de 2017.
Venezuela apeló la orden de embargo del juez Stark por las acciones de PDV Holding, pero la decisión fue confirmada por el Tercer Circuito en 2019 y el caso fue rechazado por la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado.
Mientras tanto, Citgo, ampliamente conocida como la «joya de la corona extranjera» de la industria petrolera de Venezuela, se ha convertido en el objetivo de numerosos acreedores a los que Caracas debe un estimado de 150.000 millones de dólares. El país posee indirectamente a Citgo a través de PDV Holding.