La persecución oficialista ha sido continua e implacable durante la carrera sindical de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco (Sitraferrominera).
La defensa de los derechos de la clase obrera le ha costado la cárcel en dos oportunidades. La primera significó 14 meses preso durante el proceso judicial iniciado en 2009 y del que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad y fue absuelto.
El 30 de noviembre de 2018, González fue detenido por la Guardia Nacional y en un juicio por un tribunal militar fue condenado a cinco años de prisión en la cárcel militar de La Pica, en el estado Monagas. El martes fue excarcelado dentro de la medida de indultos de Nicolás Maduro a un centenar de presos políticos y exiliados.
Profundamente religioso -es cristiano evangélico bautista- el dirigente obrero deplora la maldad, irracionalidad e inhumanidad mostradas por la Guardia Nacional en su segunda detención y encarcelamiento, sobre todo, porque el ensañamiento y la persecución lo han padecido también su familia.
Sin embargo, pese a la terrible experiencia vivida, Rubén González regresa al ruedo de la lucha por la democracia y los derechos de los trabajadores del país y de Ferrominera.
-Los testimonios de los presos políticos excarcelados en los últimos días son dramáticos. ¿Cómo fue su experiencia?
-Esta segunda vez fue más fuerte que la primera. Mi salud se deterioró, perdí masa muscular, tuve infecciones renales, me volví hipertenso y me dieron unas fiebres altísimas con todos los síntomas del COVID-19. Ahora me toca reponerme. Pero el mayor daño fue para mi familia.
-¿Por qué?
-No entiendo cómo puede haber tanta maldad, inhumanidad e irracionalidad. Desde agosto de 2019 el acoso se recrudeció. La Guardia Nacional entró en mi casa, hizo destrozos y agredió a mi nuera embarazada de morochos, los cuales murieron después del parto. Además, le cayeron a golpes a una sobrina recién operada. No satisfechos con esto, la directiva de Ferrominera despidió de sus puestos a tres yernos y tres hijos, que tenían carrera en la empresa, solo por ser familia mía. Intentaron secuestrar a una nieta. Por eso digo que la persecución y la cárcel fueron un trauma muy cruel para mí y mi familia.
-¿Qué sintió cuando fue notificado de su excarcelamiento?
-Yo nunca debí estar preso ni la primera ni la segunda vez. Defender los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y la contratación colectiva no es un delito. En 2018, Maduro violó los principios de que los derechos laborales son intangibles, progresivos e irrenunciables, al imponer una tabla salarial en el sector público contraria a todos estos principios. Los trabajadores reaccionaron en contra de ese atropello y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
-¿Por qué lo juzga una instancia militar?
-Esa es otra arbitrariedad e ilegalidad porque yo soy un civil y me corresponden tribunales civiles. La intención siempre fue callarme y castigarme. Hace dos semanas la corte marcial, después de declarar a lugar una apelación, ratificó la condena.
-¿Su excarcelamiento es una medida política?
-Por supuesto que sí y vuelvo a insistir, no he cometido delito alguno. En la cárcel pase muchas penurias, pero mi fe en Dios me sostuvo. Allí tuve la oportunidad de conocer a muchos militares presos injustamente, por lo que llamo al ministro Vladimir Padrino López a que les resuelva su situación. Se trata de sus compañeros, de su gente.
-Además de usted, centenares de trabajadores tienen juicios pendientes -dictados en el transcurso de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro- con presentación ante los tribunales porque participaron en protestas laborales y ciudadanas.
-Esos procesos deben ser eliminados y los afectados absueltos. Es una vergüenza esa situación, como lo es que el compañero de Ferrominera, Rodney Álvarez, lleve más de ocho años preso por un homicidio que todo el mundo sabe lo cometió un militante del Movimiento 21 y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores.
-¿Cuándo se reincorpora a Ferrominera?
-Mi encarcelamiento fue aprovechado por la directiva oficialista de la empresa, desconociendo al Sintraferrominera, para imponer un sindicato paralelo afecto. Los miembros de la junta directiva de Sintraferrominera fueron despedidos, detenidos con casa por cárcel o jubilados de forma inconsulta. En estos últimos estoy yo. De todas maneras, voy a enviar una comunicación al presidente de Ferrominera del Orinoco, notificándole que vuelvo a ejercer mis funciones en el sindicato, al que, por cierto también le expropiaron sus sedes en Puerto Ordaz y Ciudad Piar.
-La cosa no se ve fácil…
-Hay que aplicar todas las vías legales. Sintraferrominera es la representación legítima de los trabajadores y hay dos formas para demostrarlo: ir a elecciones o realizar un referendo para que los trabajadores escojan quienes son sus verdaderos representantes.
-¿Entonces, vuelve al ruedo de la lucha sindical?
-Nunca la he dejado incluso estando preso o procesado. La lucha no solo en Ferrominera, sino en todo el país hoy es mucho más necesaria y urgente. La mayoría de los trabajadores gana un salario miserable (3 dólares al mes), con lo que el gobierno incumple el mandato constitucional de garantizar un salario que cubra todas las necesidades del trabajador y su familia. Además, este gobierno ha arruinado a Venezuela, donde muchas empresas han cerrado u operan al mínimo. Solo en Guayana, 90% de las empresas cerraron o están paralizadas.
-Hay quienes señalan que la excarcelación de los presos políticos la gestionó con Maduro un ala de la oposición…
-Yo le quiero decir a los partidos de la oposición que actúen de forma unitaria; que lleguen a un acuerdo con la visión de que primero está el bienestar general de todos los venezolanos ya suficientemente golpeados con la hiperinflación, la crisis económica, el desempleo y los bajos salarios.