Un grupo de abogados evalúa la posibilidad de introducir un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la recién aprobada Ley Orgánica de Extinción de Dominio por inconstitucional, y contemplar prácticas al margen de la carta magna que emulan las expropiaciones sin compensación y las expoliaciones llevadas adelante durante el segundo gobierno de Hugo Chávez entre 2007 y 2012, señala Exclusivas Económicas.
Las críticas a la referida legislación estuvieron presentes en las discusiones internas que se tuvieron en la Asamblea Nacional, sobre todo por las detenciones hechas contra exfuncionarios señalados de cometer presuntos actos de corrupción, comenzando por las pérdidas por cuentas incobrables por 3.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), agrega la publicación.
El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró durante la primera discusión que este proyecto tomó como base la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio preparada por el Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC), que sigue la trayectoria marcada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países”, indica la UNODC en su propuesta.
Agrega que “la extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad que toda persona tiene, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal”.
Las dudas surgen -de acuerdo con el semanario- por la forma como el gobierno de Nicolás Maduro contemplaría utilizar esta ley. Además, en la discusión parlamentaria no se pudieron hacer las advertencias debido a la escasa presencia de la oposición, que no supo o no quiso hacer observaciones a esta propuesta legal.
“Los diputados de la oposición que están en la Asamblea Nacional, como en general toda la dirigencia, son tan pobres y nulos intelectualmente que incluso fueron incapaces de buscar asesoría, consultar o preguntar sobre los riesgos que tiene esta ley. Como borregos salieron a dar sus votos a los del oficialismo”, dijo un abogado del equipo legal que evalúa introducir el recurso de nulidad ante el TSJ, quien por el momento pidió anonimato.
“Aún revisamos el caso, porque ya el máximo tribunal en una ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez declaró la constitucionalidad y siempre resulta pertinente preguntarse si este tipo de acciones tiene sentido en este país”, agrega el experto.
Hay dos aspectos que preocupan a este equipo legal, según Exclusivas Económicas. Primero, las personas incursas en casos de corrupción aún están en proceso judicial. Es decir, todavía no hay sentencia y siempre cabe una decisión que los absuelva por ausencia de pruebas o los declare inocente. ¿Qué pasa si se les incautan bienes utilizando esta ley?
En segundo lugar, la experiencia de que las expropiaciones sin compensación vuelva a repetirse como un procedimiento para apropiación indebida de bienes. “Ya no es exprópiese como dijo Chávez, sino extíngase la propiedad porque la Fiscalía presume que fue adquirida ilícitamente”, dijo el abogado.