Un total de 90.396 venezolanos han sido acogidos en España por razones humanitarias desde 2019, cuando se empezó a aplicar este tipo de protección a estos ciudadanos latinoamericanos al entender que en su caso no se dan las condiciones para ser reconocidos como refugiados ni beneficiarios de protección subsidiaria.
Más de 5,6 millones de venezolanos abandonaron sus hogares desde que en 2014 comenzaron las protestas por la crisis económica que atravesaba el país, reseñó EFE.
En marzo de 2018 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó a los Estados a otorgar a estos ciudadanos la protección debida porque Venezuela vivía una crisis humanitaria y no se podía devolver a nadie al país.
A raíz de esa recomendación de la ONU, el Gobierno español comenzó a aplicar la fórmula de protección por razones humanitarias para dar una respuesta adecuada y acorde con la ley de Asilo a los venezolanos que huyen de su país.
«Hasta entonces, España, con gobiernos de distinto signo, denegaba las solicitudes de protección internacional de los venezolanos», recordó a EFE la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres.
Esta fórmula, que empieza a aplicarse «partiendo de una crisis humanitaria y no de una situación política», se traduce en un permiso de residencia y trabajo por un año prorrogable para que los afectados no queden en un limbo jurídico.
Solo hasta el 30 de septiembre de este año, se ha concedido protección por razones humanitarias a 10.230 venezolanos. El año pasado se otorgaron 44.931 autorizaciones y en 2019 se dieron 33.235 permisos de este tipo, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
Si bien es cierto que la mayoría de los venezolanos que piden asilo en España responden a un perfil de crisis humanitaria, Favieres advierte del riesgo que tiene aplicar esta fórmula y no analizar cada expediente de forma individual.
«No son todos, pero entre ellos también hay personas refugiadas», subraya Favieres, quien señala que algunos perfiles sí se ajustan a los criterios exigidos para recibir protección, como la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o el riesgo que pueden correr si regresan a sus países.
Con este mecanismo, alerta Favieres, los afectados no están protegidos por el principio de no devolución de la Convención de Ginebra, por lo que si en un momento dado las autoridades españolas consideran que ha cambiado la situación en Venezuela y ya no es de crisis humanitaria, podrían no renovar el permiso de residencia y trabajo autorizado de forma excepcional.
Fuente: EFE