Han transcurrido dos meses de la elección presidencial y aún no se ha abierto un espacio de diálogo entre el gobierno y la oposición para construir una solución democrática en medio de esta coyuntura tan compleja. Así lo señaló Felipe Mujica, secretario general del MAS, al asegurar que, si se hubiesen publicado las actas de escrutinio y realizado las auditorías de rigor, los factores políticos estarían negociando hoy una salida pacífica frente a lo decidido por la mayoría el pasado 28 de julio.
«Estamos sumergidos en un disparate político, donde no sabemos exactamente lo que ocurrirá el 10 de enero, fecha constitucional para la toma de posesión, y esto, por las continuas medidas que toma el gobierno, las cuales aumentan las dificultades de la población, al igual que la incertidumbre».
Para Mujica, los resultados electorales siguen siendo un misterio indescifrable no sólo para los venezolanos sino para los gobiernos de muchos países.
Explicó que el MAS suscribió el recurso consignado por el excandidato presidencial Enrique Márquez, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia porque abre la puerta para revisar las irregularidades del proceso comicial, independientemente de las dudas que se tengan sobre el proceder judicial y de la falta de autonomía de los poderes públicos.
«La intención del documento es lograr una rectificación y negociar las eventuales alternativas que surjan de allí. Las instituciones siguen siendo un espacio para concretar acuerdos y evitar que el venezolano tome el peor de los caminos al recurrir a la violencia».
El dirigente de la tolda naranja recalcó que distintos grupos del campo opositor coinciden en la necesidad de desarrollar una ruta pacífica destinada a resolver la conflictiva que hay en Venezuela debido a la detención de ciudadanos, entre ellos, periodistas y menores de edad, la represión, la amenaza e intimidación.
«Toda la oposición política debe denunciar la violación de las normas jurídicas y exigir su debido cumplimiento».
En otro orden de ideas, Mujica rechazó la resolución del gobierno de impedir la entrada al territorio nacional de los venezolanos que tienen vencido su pasaporte, sobre todo en el contexto actual, donde no hay consulados u oficinas diplomáticas dada la ruptura con varios países.
Nota de prensa