El Presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Diputado Robert Alcalá, condenó los hechos violentos suscitados en el Centro de Coordinación Policial del Municipio Páez de la ciudad de Acarigua en el estado Portuguesa.
Afirmó que es lamentable la muerte de presuntamente 29 privados de libertad y el saldo de un aproximado de 20 funcionarios heridos.
Señaló que desde la Comisión a su cargo, han venido advirtiendo que las malas políticas carcelarias implementadas por el régimen de Nicolás Maduro, son las que han producido el hacinamiento en Centros Penitenciarios Transitorios, los cuales se han convertido en Cárceles permanentes y donde no cuentan con el espacio físico necesario para albergar el gran número de privados de libertad que en ellos se encuentran.
Estableció que en los Comandos de Policías Municipales y Estadales, que se han convertido en cárceles paralelas, se violan los Derechos Humanos, hay hacinamiento y no cuentan con funcionarios capacitados para atender privados de Libertad.
Asimismo el parlamentario señaló que esta nueva masacre ocurrida en Acarigua, también es producto de la corrupción que hay en el sistema carcelario.
Es inaceptable que el régimen con sus corruptos permitan la entrada de armas a los centros penitenciarios y luego aplaquen los motines masacrando a la población penal.
Responsabilizó de este hecho sangriento al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, quien tiene la responsabilidad de brindar un sistema penitenciario que asegure la transformación social de la población penal y que por el contrario, ha sido éste organismo quien ha propiciado que los Comandos Policiales se conviertan en centros penitenciarios sin ningún tipo de control.
Por último Alcalá, señaló que la Asamblea Nacional, abrirá una investigación sobre esta nueva masacre y elevará la denuncia a los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos; ya que queda demostrado que el régimen de Maduro nuevamente se constituye en un régimen forajido violador de los Derechos fundamentales.
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