Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela comenzaron a implementarse durante el gobierno de Barack Obama; sin embargo, las establecidas en enero de 2019 durante el primer mandato de Donald Trump, cuando emitió una orden ejecutiva que sancionaba directamente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), son las que, a juicio de expertos, mayor daño han causado al país.
Aseguran que el regreso de su política de “máxima presión” tendría consecuencias severas en la industria petrolera de Venezuela, lo que provocaría un mayor deterioro económico con un impacto directo en la productividad y operaciones de las empresas privadas y en el bienestar de los ciudadanos.
Entonces, ¿cuáles son los escenarios que manejan los expertos en caso de que el actual gobierno de Trump decida eliminar las licencias petroleras? “No necesariamente es binario si renuevan o no las licencias. A lo mejor hacen las licencias un poquito más estrictas”, responde el economista Alejandro Grisanti, fundador y socio director de Ecoanalítica.
Sin embargo, cree que tendría poco impacto en 2025, pues hay licencias que ya han sido renovadas por seis meses más y “en caso de que se endurezcan o que se eliminen las licencias, eso ya te monta en octubre. Por su puesto que para 2026 es otra historia”.
A su criterio, sería, “de nuevo, un año muy fuerte de contracción económica, de una aceleración importante de la inflación después de que se ha venido reduciendo. Falta todavía mucho, pero lo primero que se van a ver son: alta devaluación, alta inflación y una recesión económica importante. Sentido con más fuerza en 2026, que en 2025. Ojalá se lograse algún tipo de negociación que busque y evite el endurecimiento de las sanciones”.
Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, tiene una opinión similar sobre el impacto que tendría el restablecimiento de las sanciones. Pronostica mayor volatilidad cambiaria, más inflación, menor posibilidad de crecimiento, perspectivas negativas para la economía en 2025 “y más allá”, menor gasto público y menor capacidad gubernamental para mejoras en la infraestructura. “No se acaba el país, solo que iríamos a un país distinto al de hoy. Ya ese país lo conocimos. No es sano”.
En su ensayo “Las sanciones: ¿Instrumento de cambio político o un catalizador de crisis económicas?”, publicado en el compendio Sobre las sanciones en Venezuela, de la Colección Ediciones Especiales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Oliveros ofrece un análisis más detallado.
Recuerda que cuando se impusieron las sanciones, se argumentó que las medidas buscaban presionar al gobierno de Nicolás Maduro “mediante restricciones económicas severas, particularmente en una actividad vital para la economía venezolana, como la producción y exportación de petróleo. No obstante, “los efectos colaterales de estas medidas han recaído de manera importante sobre el sector privado del país y sobre la población”.
Según el economista, estas medidas provocaron que se intensificara la inflación (por la caída en los ingresos en divisas, que incrementa el déficit y propicia el financiamiento monetario), han generado volatilidad en la tasa de cambio (menor oferta de divisas y mayor demanda empujan el precio), “reduciendo la capacidad para generar crecimiento económico (caída en la inversión, en las perspectivas, además del efecto de la disminución de los ingresos fiscales), limitando el acceso a financiamiento extranjero (cierre de los mercados internacionales), impactando de manera negativa en la provisión de servicios públicos por parte del Estado (mayores problemas presupuestarios) y en el sector financiero nacional (aislado del mercado global)”.
Reitera que desde que fueron implementadas las sanciones, la situación económica de Venezuela, “que ya era complicada, empeoró sin producir ninguna diferencia en lo político. El simple hecho de que existan posibilidades de que Estados Unidos esté pensando en volver a una estrategia de ‘máxima presión’ contra Venezuela es preocupante, especialmente si uno de los principales desafíos que enfrenta la administración norteamericana es la migración hacia su territorio”.
Por tanto, considera que es “imprescindible” reflexionar sobre la efectividad y las consecuencias de estas políticas. “Las sanciones, lejos de promover un cambio político, profundizan desigualdades, fortalecen a quienes controlan los recursos y dejan a la población aún más desprotegida frente a la crisis”.
Opinión con la que coinciden Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios Chacín, en su ensayo “Sector petrolero venezolano: Las licencias en el centro de la discusión”, que también aparece en el compendio de la UCAB.
Reconocen que si bien el alivio de las sanciones implica fricciones políticas tanto en Venezuela como en Estados Unidos, conviene evaluar una política de revisión progresiva y el impacto de éstas para “facilitar acuerdos en favor de la reinstitucionalización democrática, la atención de la emergencia humanitaria compleja y la reestructuración de la deuda”.
Lo que perderían el país, las empresas y los ciudadanos con el regreso de las sanciones
Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios Chacín también analizan el impacto que tendría la reimposición de sanciones económicas al país. Proyectan que los descuentos en los precios del crudo venezolano se volverían a incrementar al menos por el orden de 15%, y la producción se afectaría en cerca de 25%, incidiendo en la reducción del flujo en 6.000 millones de dólares, una caída de más 30% en los flujos de divisas estimados para el próximo año; y 24% si se compara con los ingresos estimados del año en curso.
“Es claro que Venezuela tiene pocas alternativas para sostener su frágil situación económica sin el mantenimiento de las licencias petroleras a empresas de reconocida reputación y trayectoria, lo que tendría incidencias de corto plazo en el mercado cambiario y por ende en el desempeño de la inflación, uno de los elementos claves que han generado el éxodo masivo de los venezolanos”, aseveran.
Por ello, opinan que el establecimiento de licencias a los socios occidentales en la industria “se ha convertido en la única forma de limitar la opacidad de los esquemas de desinformación sobre el destino de los envíos, los precios de referencia de nuestro barril y los actores involucrados en las triangulaciones financieras para evadir las sanciones. Todo un sistema que fortalece los esquemas irregulares e ilícitos, aumenta la incidencia de China y Rusia en la región y no contribuye en la disminución de los precios globales del petróleo.”
En caso contrario, advierten que “se podría prever un agravamiento de las condiciones del país y la emergencia humanitaria compleja”, entre los que se ubican unos 7,7 millones de venezolanos, según la Organización de Naciones Unidas para la Atención de los Asuntos Humanitarios y “nuevos repuntes migratorios que podrían llevar a cerca del 10% de la población a migrar -unos 2,7 millones de personas-, con los evidentes impactos regionales que genera”.
De hecho, ya han sido documentados los efectos que han tenido en Venezuela las sanciones económicas y que Luis Oliveros retoma en su ensayo: entre 2019 a 2023, la economía venezolana dejó de percibir unos 52.000 millones de dólares en ingresos, un promedio de 10.400 millones de dólares anuales.
“Estas cifras reflejan el impacto profundo de las sanciones sobre la principal fuente de ingresos en divisas del país. Además, sobre su capacidad para financiar proyectos de desarrollo, servicios públicos y otros sectores económicos dependientes”, indica.
Añade que, más allá del “impacto evidente” sobre la producción y exportación de petróleo, las sanciones han contribuido al cierre de mercados financieros internacionales para el Estado venezolano y el sector privado, “limitando gravemente su capacidad para acceder a créditos y financiamiento en divisas”, básicamente por el fenómeno del overcompliance o cumplimiento excesivo.
Explica que esto genera una serie de dificultades y costos adicionales para las empresas y empresarios venezolanos. “El impacto de las sanciones, sumado al overcompliance, no solo agrava la crisis económica venezolana, sino que crea un ambiente de incertidumbre y limita las oportunidades de desarrollo en múltiples sectores de la economía, afectando de manera desproporcionada a la población en su conjunto”.
Carlos Ramírez profundiza sobre ese punto en su ensayo “La estabilidad hemisférica y las empresas venezolanas”, que también forma parte del compendio. Dice que el temor a las sanciones ha creado un entorno de cumplimiento excesivo que “ha aumentado considerablemente el costo de hacer negocios para las empresas privadas de Venezuela, lo que restringe aún más su capacidad de competir con los actores extranjeros”.
Por eso, resalta que el levantamiento temporal de ciertas sanciones económicas anunciado el 17 de octubre de 2023 por el gobierno de Joe Biden fue “un avance positivo para la comunidad empresarial privada de Venezuela y, por lo tanto, para el pueblo venezolano. Desafortunadamente, esta licencia general solo duró seis meses y, como se esperaba, la no renovación generó un impacto negativo en la economía”.
Ramírez destaca que las principales preocupaciones que tienen hoy los dueños de empresas y los directores ejecutivos de las industrias de Venezuela están relacionadas con las consecuencias no deseadas de las sanciones estadounidenses: una demanda considerablemente baja de sus productos y servicios; un cumplimiento excesivo por parte de bancos extranjeros y contrapartes comerciales; y una falta de acceso a alternativas de financiamiento internacional.
Está convencido que “solo una recuperación económica fuerte y sostenible” en Venezuela podría permitir a las empresas privadas “crear los millones de empleos decentes, estables y productivos necesarios para revertir la actual tendencia de migración masiva y mejorar la estabilidad política y la seguridad en el hemisferio occidental”.
Y concluye señalando que el sector empresarial de Venezuela también “ha sido una víctima no deseada de los daños colaterales de las sanciones económicas de Estados Unidos durante los últimos años. Es hora de que se permita a las empresas privadas convertirse en parte de la solución”.
Lo que ha ganado la industria petrolera con las licencias
En vista de la importancia para Venezuela de la renta petrolera, Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios Chacín, en su ensayo ponen el foco en los beneficios que han tenido las licencias en la producción y exportación de crudo; al tiempo que presentan los escenarios en caso de que se mantengan, modifiquen o eliminen.
Señalan que durante el tercer trimestre de 2024 continuó la tendencia de recuperación petrolera observada desde 2023, al producirse en promedio 872 mil barriles diarios (kbd) entre julio y septiembre, según el informe de octubre pasado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con base en lo reportado por fuentes secundarias. En octubre alcanzó un máximo desde enero de 2019, con 895 kbd.
Explican que esos niveles de producción se traducen en un incremento de casi 40 kbd con respecto a lo producido en el segundo trimestre de 2024 y 120 kbdmás que en el mismo período de 2023, justo antes de que se otorgara la Licencia General N° 44, que estuvo vigente hasta mayo del año pasado.
“Tras varios meses ya del cese de la licencia general N° 44, resulta más que evidente que la recuperación observada en la producción petrolera está vinculada en mayor medida a lo generado por los socios de Pdvsa en las empresas mixtas, con los cuales se han firmado licencias y acuerdos individuales”, advierten.
De modo que la eliminación de las licencias específicas haría que se perdieran paulatinamente cerca de 250 kbd, regresando a niveles de producción cercanos a los de 2022, unos 720 kbd, de acuerdo con los expertos, quienes también destacan las consecuencias que esto tendría a nivel de flujo de divisas, tomando en cuenta que las ventas de petróleo realizadas por las multinacionales en el exterior se hacen a un precio mucho más elevado que las comercializadas directamente por Pdvsa en el sudeste asiático -la India, Malasia y Singapur- como vía hacia las refinerías chinas, que representan 44,8% del peso total y rondando un descuento cercano a 18%.
“En Ecoanalítica hemos estimado que la pérdida de las licencias para estas empresas implicaría una caída en los ingresos estimados de 2025 de más de USD 2.700 millones sólo por el aumento de los descuentos en los precios de nuestro crudo (…) equivalentes a más de cinco meses de intervención cambiaria tomando el promedio de este año”, sostienen.
Sobre las exportaciones comentan que “sigue habiendo un avance importante en cuanto a la presencia del petróleo venezolano en el mercado norteamericano, muy beneficioso en términos financieros para la caja de Pdvsa por sus condiciones de pago”.
En el tercer trimestre de 2024 el nivel de exportaciones a Estados Unidos fue el más alto desde enero de 2019, representando 40% del total de exportaciones en ese período, según la Agencia de Información de Energía (EIA).
En lo que se refiere al resto de los destinos, indican que el año pasado Asia se mantuvo encabezando la lista de importadores de crudo venezolano, a pesar de haber caído desde 62,1% del total de exportaciones petroleras venezolanas en el que cerró en 2023, hasta 46,8% del total, mientras que Estados Unidos y Europa ganaron terreno al pasar de 30,6% en 2023 a 44,5% en 2024.
“Vale nuevamente la pena destacar el impacto positivo en el flujo de caja que tienen dichas exportaciones para los ingresos del país “, resaltan Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios Chacín.