El Ministerio de Ciencia y Tecnología presiona para que en la reforma de la Locti no se concrete petición de Fedecámaras de que cada empresa use sus recursos para invertir en innovación e infraestructura digital, señala el semanario Exclusivas Económicas.
La Asamblea Nacional avanza en una reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (Locti), cuyo texto no atiende la petición hecha por la directiva de Fedecámaras de modificar el llamado aporte o contribución Locti. Se mantiene la norma de que el pago de las empresas se deposite en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnologías e Innovación (Fonacit), en vez de permitir a cada compañía tener su propio programa vinculado a esta materia, agrega el reporte.
“Debe permitirse a las empresas utilizar el aporte para acometer inversiones vitales con experiencias exitosas de este esquema en el pasado”, indica el documento que el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, entregó a la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Además, de acuerdo con el semanario, se solicita una nueva legislación en este ámbito para que el sector privado cuente con recursos para invertir en innovación, infraestructura digital y telecomunicaciones.
Otro aspecto que evidencia la exclusión del sector privado, indica Exclusivas Económicas, fue que en la comisión técnica no se incorporó a representantes de gremios empresariales y, en cambio, se optó solo por incluir a dos personas vinculadas al Consejo Nacional para la Promoción de Inversiones (Conapri), que es una institución consultiva mixta: Lilián Zambrano, gerente de Asuntos Legales, y Andrés Carrasquero, abogado asesor.
Además, otra de las propuestas que se intenta que forme parte de la reforma es la posibilidad que el aporte Locti no se rija por ingresos brutos y que sea un híbrido, es decir, no se elimine totalmente el pago al Fonacit porque generaría un colapso en los recursos parafiscales y los programas de ese organismo, pero sí que se acepte una porción que se dirija a programa propios de cada empresa.
El diputado y presidente de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez, evita pronunciarse si esa opción sería aceptada oficialmente, e insiste que todo dependerá de las consultas que realice la mesa técnica, sostiene el semanario. Tampoco precisa la posibilidad de que la reforma sea aprobada en el segundo semestre.
Fuentes aseguran, según la publicación, que una de las personas que presiona para evitar que prosperen las peticiones del sector privado es la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quien más bien quiere una reforma que refuerce los mecanismos de regulación y el control de lo que se llama el Sistema Nacional de Tecnología.