Los casos y muertes por COVId-19 se dispararon en el sector público durante los últimos meses como consecuencia del incumplimiento de quedarse en casa para evitar el contagio, pues directores y jefes obligan al personal a ir trabajar pese a la cuarentena radical, aseguraron fuentes sindicales.
«La administración de Nicolás Maduro mantiene un doble discurso. Por un lado, llama a la población a quedarse en sus casas, pero por el otro obliga a los trabajadores del Estado a asistir a sus lugares de labor incluso en las semanas de cuarentena radical», denunció Marlene Sifontes, directiva del Sindicato del Instituto Nacional de Parques.
La dirigente sindical precisó que si el trabajador falta esos días, le suspenden el pago del salario y no le entregan la bolsa de alimentos que en el sector público trae, además de los productos de los CLAP, vegetales, carne, pollo y huevos.
«Funcionarios y obreros que viven en las urbanizaciones dormitorios y la periferia de las ciudades como Caracas se les van 20 millones de bolívares de su ingreso solo en pasaje y ese gasto no lo cubre un sueldo compuesto por un salario mínimo o un poco más y las primas», aseguró Sifontes.
Agregó que no todos los empleados públicos están inscritos en la página Patria y, por lo tanto, no cobran los bonos de Maduro como el «Quedate en casa» o el de productividad de 14 millones de bolívares.
Igor Lira, directivo del Sindicato de Trabajadores de Cantv-Caracas, refirió que desde el inicio de la cuarentena por la pandemia hace más de un año «el personal era conminado por debajo de cuerda a asistir a sus puestos, pero ahora la obligación es más evidente»
La práctica de obligar a los empleados públicos a ir a trabajar en la cuarentena radical consiste en dividirlos en dos grupos para cubrir los cinco días de la semana. En el caso de la cuarentena flexible deben acudir todos de lunes a viernes.
«El problema es que los espacios físicos de los edificios y oficinas de los organismos tienen condiciones deplorables: no hay agua, aire acondicionado ni electricidad. La situación empeora porque no hay dotación de kits de bioseguridad personal ni desinfección de las áreas”, destacó Lira.
A modo de ejemplo, contó que hace un mes el edificio sede de Cantv, ubicado en la avenida Libertador de Caracas, fue cerrado para una desinfección de emergencia debido a los múltiples contagios de COVID-19.
«Muchos trabajadores y sus familiares más cercanos de Cantv y Movilnet se han contagiado y han ocurrido fallecimientos por las complicaciones del virus», advirtió el sindicalista.
Sifontes alertó que los trabajadores y sus familias tienen que recurrir a los hospitales públicos, ya que muchos organismos incumplen la cláusula de HCM o la han eliminado de los contratos colectivos.
«Esto lleva a los trabajadores a recurrir a la ayuda de sus compañeros o solicitar medicinas y recursos económicos a través de las redes sociales para pagar el tratamiento o afrontar los gastos funerarios», dijo la dirigente.
Lira sostuvo que «el círculo de contagio de la COVID-19 se potencia muchísimo con el grueso de tres millones de empleados públicos que acuden a las oficinas, en lugar de estar en aislamiento en sus hogares.
Señaló que los tumultos de personas en el sistema Metro y del ferrocarril multiplican el riesgo de contagio en las semanas de cuarentena radical, período en el que por orden oficial se suspende el servicio privado de transporte público de pasajeros.