El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 671 protestas durante julio de 2021, equivalente a un promedio de 22 diarias. Esta cifra representa un aumento de 3% en comparación con julio de 2020.
Según explica el informe, un 66% de las protestas estuvo relacionado a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
Se mantienen las exigencias de servicios básicos, y se incrementaron los reclamos por déficit en la distribución y venta de combustible, fallas en la recolección de aguas servidas, servicio de internet, alumbrado público y vialidad. Adicionalmente, los trabajadores de diversos sectores protestaron para rechazar un salario mínimo oficial inferior a dos dólares por mes.
Un total de 229 protestas se relacionaron a la exigencia de derechos civiles y políticos, 34% de las 671 protestas documentadas en julio. Siendo el principal motivo las diversas actividades realizadas por partidos políticos, a favor y en contra del anuncio de próximas jornadas electorales pautadas para el mes de noviembre.
Además, las manifestaciones realizadas por parte de miembros de la sociedad civil y movimiento de los derechos humanos contra la campaña de criminalización, persecución y detención arbitraria de defensores de derechos humanos y disidentes políticos. Se incluyen las diversas protestas ejercidas por privados de libertad y sus familiares ante el retraso judicial y las cada vez más graves condiciones de reclusión en los recintos carcelarios venezolanos.
El OVCS explica también que los trabajadores del sector salud realizaron protestas durante el mes, dichas manifestaciones se dieron como consecuencia de los bajos salarios que devengan, la carencia de insumos en centros de salud y deterioro de las instalaciones. Las protestas se escenificaron en diferentes hospitales y hasta en la sede del ministerio de salud.
Asimismo, tanto jubilados y pensionados y trabajadores de diversos sectores exigieron mejoras salariales y discusión de contratos colectivos. Mientras que maestros y profesores rechazaron el anuncio de regreso a clases presenciales sin las condiciones necesarias a nivel de infraestructura física, tecnológica y sanitaria para que se garantice la integridad y salud de alumnos y personal docente.
Por otra parte, transportistas denunciaron que las fallas en la venta y distribución de combustible les impiden ejercer su derecho al trabajo.
Del mismo modo, la escasez de gasolina es una preocupación compartida por productores agrícolas, pescadores y comerciantes que rechazan las pérdidas y perjuicios sufridos por falta de combustible. En el caso especial de los productores agropecuarios ya han exigido en repetidas ocasiones a los entes gubernamentales.