¿Entregará Maduro el poder si pierde las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la alternancia en el poder en Venezuela?
El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
El gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales.
Para destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.
Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.
Un Pacto de Convivencia es la base de un nuevo acuerdo nacional que asegure las garantías políticas para todos los actores, incluyendo a los sectores de la oposición que serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria al haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitar sanciones económicas contra Venezuela y haber planteado la invocación del TIAR y una intervención externa. Este acuerdo es lo que puede hacer posible la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados.
Un Pacto de Convivencia también es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Si quiere dar una pronta respuesta a esta problemática, el nuevo gobierno tendrá que aplicar medidas urgentes y drásticas, de lo contrario su base de apoyo se decepcionará y el malestar social atizará un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.
Un Pacto de Convivencia es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y la remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo no puede promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas, políticas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.
La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones y liberar los fondos bloqueados. La clave para destrabar el juego y facilitar la alternancia en el poder en Venezuela es la rehabilitación de los precandidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados a cambio de un Pacto de Convivencia que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos contra los perdedores.
Un Pacto de Convivencia pasa por una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados vitalicios, con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. ¿Está la sociedad venezolana preparada para pagar este precio a cambio de unas elecciones limpias que faciliten la alternancia en poder por la vía electoral y pacífica?
Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías-, que quedarán bajo el control del chavismo. En tales circunstancias, un Pacto de Convivencia es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los diferentes poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal.
Un Pacto de Convivencia debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.
El principal obstáculo contra el que tendrá que lidiar un Pacto de Convivencia es la narrativa que se ha implantado nacional e internacionalmente de una Venezuela gobernada por un régimen dictatorial que viola derechos humanos y ha cometido delitos de lesa humanidad, con el cual no hay que negociar nada y cuyos responsables deben ser enjuiciados y condenados por la Corte Penal Internacional. La dirigencia opositora teme pagar los costos reputacionales de darle garantías a un gobierno acusado de narcotiranía aliada de las FARC y del crimen internacional. Por eso evade tocar este punto que es el que realmente tiene trancadas las negociaciones.
En consecuencia, el sensible tema de la Justicia Transicional será un componente clave para que el Pacto de Convivencia no sea desvirtuado como un Pacto de Impunidad, sino como un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana para que así pueda retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.
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