El mayor esfuerzo de simulación de los regímenes del socialismo del siglo XXI en las Américas es presentarse como revoluciones o movimientos para la liberación de los pueblos, evitando a toda costa ser identificados como “dictadura”. Con múltiples narrativas buscan presentar y mantener el “socialismo del siglo XXI o castrochavismo” en la esfera de la “política” cuando su actividad de delincuencia organizada trasnacional corresponde al ámbito “criminal”. Una de las evidencias que termina con toda simulación es la existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos que son prueba definitiva de dictadura.
Preso es una persona privada de su libertad y un prisionero es “una persona que está presa generalmente por causas que no son delito”. El preso político se define como “la persona encarcelada o detenida de otro modo sin haber cometido delito tipificado, sino porque sus ideas suponen un desafío o amenaza para el sistema establecido”, se trata de “alguien sometido a prisión por la expresión de sus ideas políticas. Preso de conciencia es el detenido que “no ha utilizado ni propugnado la violencia”.
Exiliar es “obligar a alguien a dejar un territorio, forzándolo a vivir fuera de su Patria”. El exilio “es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural por expatriación de un individuo mientras que alguna circunstancia, generalmente por motivos políticos, le impide regresar por amenazas de cárcel o muerte”. En “Exilio político y democracia”, Luis Roniger define el exilio como “un mecanismo de exclusión institucional destinado a revocar el pleno uso de los derechos de ciudadanía y, más aún, prevenir la participación del exiliado/a en la arena política nacional”. Algunos autores distinguen exilio forzado y voluntario, pero siendo la voluntad el “libre albedrio y la libre determinación” no hay manera de calificar un exilio como voluntario porque la amenaza contra la libertad y la vida es la que precisamente lo causa.
La persecución política por los regímenes castrochavistasen el siglo XXI es un sistema metodológica y uniformemente aplicado en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y, en su momento, en Ecuador con Correa, implementada en la Argentina de Kirchner y con señales de retorno con Fernández/Kirchner. Es la repetición de los atropellos de la dictadura en Cuba durante el siglo XX, institucionalizada y ejecutada mediante la “judicialización de la persecución política”, que consiste en acusar a las víctimas de delitos no cometidos, delitos expresamente tipificados para violar los derechos humanos del acusado, imponer retroactividad de la ley, o delitos cometidos por los miembros del régimen.
Para lograr la judicialización de la persecución política: 1.- manipulan y modifican el sistema de justicia cambiando tipos penales e incluyendo como delitos el ejercicio de libertades fundamentales (leyes infames); 2.- controlan y subordinan fiscales y jueces que, en lugar de ser garantía de defensa de la libertad y la vigencia de los derechos humanos, se convierten en violadores de ellos (jueces infames) que violentan el debido proceso legal tornándose en “verdugos”, en lugar de ser administradores de justicia; 3.- imponen como regla de proceso “el miedo” para inducir falsas confesiones, delaciones e incriminaciones, para las que presionan con la vida y la libertad de familiares y entornos.
Ese mecanismo de control total del sistema de justicia ya es un indicador definitivo de dictadura porque para lograr la judicialización de la persecución política han hecho desaparecer los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos y con la persecución, cárcel y exilio terminan con los elementos de elecciones libres y justas y la libre organización política.
Con ese sistema de justicia vigente hoy en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que es en verdad sistema de persecución judicializado, se encarcela y exilia a los ciudadanos. En el socialismo del siglo XXI la violación de derechos humanos está documentada y escrita en leyes infames, actuados de tribunales denominados de justicia, fallos y sentencias de jueces, magistrados y tribunales que son instrumentos de violación de derechos humanos básicos como la “presunción de inocencia”, el “debido proceso de ley”, la irretroactividad de la ley”, “el juez imparcial” y más.
Para señalar las dictaduras en las Américas, solo hay que ver los más de 161 presos políticos, centenas de presos domiciliados y millones de exiliados de Cuba, los 318 presos políticos y millones de exiliados de Venezuela, los 32 presos políticos, cientos de domiciliados y mas de 1.500 exiliados de Bolivia, los 136 presos políticos y más de 120.000 exiliados de Nicaragua.
Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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