En el Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en combinación con el despacho de Energía Eléctrica, se ha hecho todo el esfuerzo para intentar que los aerogeneradores que se instalaron hace más de 10 años como parte de un parque o proyecto de energía eólica sean asumidos por empresas privadas, sobre todo extranjeras, con la finalidad de incorporar a la generación de esa zona al menos 140 megavatios, señala el semanario Exclusivas Económicas.
En un primer intento, de acuerdo con la publicación, se ensayó avanzar con la utilización de la Ley Antibloqueo, que hace más de un año está vigente luego de ser aprobada a fines de 2020 por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, pero la realidad ha sido que las compañías extranjeras interesadas han señalado que hay tres limitantes para avanzar en cualquier negociación. Primero, las sanciones de Estados Unidos; segundo, la legislación que rige el sector eléctrico marcada por el estatismo; y, en tercer lugar, la indefinición de un esquema tarifario claro y transparente.
El tema eléctrico se ha convertido en uno de los principales obstáculos que afronta el presidente Nicolás Maduro para avanzar más allá del ligero crecimiento económico apuntalado por la incipiente alza de producción y la recuperación de la actividad comercial en determinadas zonas de las principales ciudades del país y evitar quedarse solo en una retórica de optimismo a juro, agrega el semanario.
Pdvsa requiere, según Exclusivas Económicas, un sistema alterno de generación en la península de Paraguaná, que complemente la generación que le aporta la planta térmica Josefa Camejo a las refinerías de Amuay y Cardón.