De acuerdo con una investigación realizada por la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), para determinar si las personas con discapacidad están siendo atendidas en los centros de salud del país durante la pandemia por la COVID-19, se determinó que 84% de las personas con discapacidad entrevistadas requieren atención médica asociada a su discapacidad; de ellas, “58% requieren medicina especializada, 31% rehabilitación médica y 12% servicios de salud mental”.
También se conoció que 48% de las personas encuestadas no acceden a servicios médicos requeridos por falta de recursos económicos, 33% manifestaron que no cuentan con servicios cercanos a su residencia, lo que obliga en muchas ocasiones, a que el 48% deban recorrer de 5 a 10 kilómetros para acceder a la atención médica necesaria, y 13% no acceden a los servicios médicos por falta de transporte.
Otra de las barreras a las que se enfrentan las personas entrevistadas, es que los establecimientos de salud no son accesibles, “así lo manifestó 51% de los entrevistados, al señalar que los obstáculos físicos impiden el aprovechamiento de un derecho adquirido de las personas con discapacidad”.
El estudio reflejó que 78% de los entrevistados no tienen acceso a medicamentos y 89% manifestó que no pueden comprarlos por falta de recursos económicos.
Por otro lado, 68% aseguran que su situación de salud vinculada a su discapacidad ha empeorado desde el inicio de las medidas de distanciamiento físico y la cuarentena preventiva que ha dictado el Estado.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que el acceso a la salud es un derecho contemplado en las leyes venezolanas y respaldado también por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su artículo 25, donde invita a los Estados partes, a reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, a una atención de salud de la misma calidad y a los mismos servicios que los demás, y a su vez, estos deben adoptar las medidas apropiadas para que tengan acceso a servicios, incluida la rehabilitación.
“El Estado Venezolano, como miembro y firmante de dichos compromisos de la CDPD, está en la obligación de proporcionar programas gratuitos de salud primaria a las personas con discapacidad, de rehabilitación y de salud mental, su omisión en este sentido, constituye una vulneración a compromisos internacionales”, dijo.
De Gouveia hizo un llamado al Estado venezolano para que cumpla con los acuerdos internacionales, las leyes nacionales y “el derecho a la vida plena, independiente y de calidad que merecen las personas con discapacidad; por ello recomendamos la aprobación del Reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad, así se establecerán las regulaciones de acceso y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.
También consideró importante que se cumpla con el registro y certificación de la discapacidad de las personas, para que este sector tenga mayores posibilidades de acceder a los servicios de salud y atención integral. Por ello, exhortó al Estado a cumplir con la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios de atención médica integral de calidad y accesibles para las personas con discapacidad.
Asimismo insistió en la importancia del diseño e implementación en políticas de atención integral y permanente en el área de salud dirigidos a personas con discapacidad, “así como la ejecución de planes de adaptación y ajustes razonables a las plantas físicas de los establecimientos de salud pública, a fin de que se garanticen las condiciones plenas de acceso a las personas con discapacidad; también a que se ejecuten planes de adaptación y ajustes razonables a los avisos, señalizaciones, anuncios e indicaciones sobre funcionamiento de los establecimientos de salud pública.
Con información de nota de prensa