El Partido Primero Justicia, en una carta dirigida al presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, solicitó una investigación parlamentaria sobre la actuación de la Procuraduría Especial de la Republica, de los miembros del Centro de Gobierno con responsabilidad directa en el manejo de los litigios y de las juntas directivas ad hoc, tanto de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como del Banco Central de Venezuela (BCV).
En un documento de 36 páginas al que HispanoPost tuvo acceso, el partido aurinegro explica que el Fondo Especial de Litigios aprobado por la Asamblea Nacional tiene como objetivo financiar todas aquellas acciones legales que defiendan los derechos e intereses del Estado venezolano en el extranjero. Sin embargo, existe una Comisión Técnica, integrada por Yon Goicochea, Gustavo Marcano, Gustavo Soto Bracho, Carlos Sarmientos Sosa y Lubomir Hurt, que debe estudiar y aprobar cada uno de los desembolsos que realice la Procuraduría Especial y las juntas ad hoc del BCV y PDVSA para tal fin.
Según el texto que reposa en la presidencia de la Asamblea Nacional, la referida Comisión ha realizado llamados de atención en cuanto a la actuación de la Procuraduría Especial y las juntas ad hoc, los cuales no han sido atendidos de manera eficiente por parte del gobierno interino.
Desde su designación, la Comisión ha participado activamente en las funciones para las cuales fue creada. En constante y estrecha coordinación con la Oficina del Procurador Especial (OPE) y atendiendo sus requerimientos, conoció oportunamente de la existencia de facturas vencidas a firmas de abogados, las cuales derivaron de procesos de contratación anteriores a su designación, y aprobó el procedimiento mediante el cual las Juntas Administradoras Ad hoc presenten sus proyectos de defensa de activos en el extranjero. Sin embargo, vemos con preocupación cómo estos procedimientos se han visto afectados e interrumpidos por desacuerdos entre la OPE y las Juntas Administradoras Ad hoc, ocasionando conflictos, obstaculizaciones y la paralización de las gestiones iniciadas para la contratación de firmas de abogados para atender nuevos casos, algunos de ellos de suma urgencia y gravedad, precisa el documento.
A raíz de esta situación, Primero Justicia explica que las cinco personas designadas para hacer contraloría se avocaron de lleno a mediar y buscar salidas satisfactorias para la República, las juntas ad hoc y todas las partes involucradas, pero el conflicto se incrementó.
Esta iniciativa ocasionó que la OPE se rehusara a seguir coordinando con las distintas Juntas Administradoras Ad hoc, se negara a asistir a las reuniones convocadas y se dedicara a minimizar el papel de la Comisión, llegando incluso a manifestar unilateralmente y en repetidas ocasiones que la Comisión ´es un órgano asesor de la oficina del Procurador especial´ y que la misma ´no está facultada para convocar reuniones ni tomar decisiones´, cuando la normativa establece claramente que la Comisión, creada por la Asamblea Nacional, es un órgano contralor de estos recursos, no asesor de la OPE, de la cual es funcional y administrativamente independiente. Dicha posición fue formalizada mediante el PER-B-004 de fecha 8 de julio de 2020, alertaron.
La Comisión Técnica aclara que la interpretación de la Oficina del Procurador Especial a esta normativa es errónea. La normativa establece claramente que la Comisión, creada por la Asamblea Nacional, es un órgano contralor de estos recursos, no asesor de la oficina del Procurador, de la cual es funcional y administrativamente independiente, explica Primero Justicia.
Contrataciones sin autorización
Detalla, además, que el 15 de julio de 2020 se efectuó una reunión entre la junta administradora ad hoc de PDVSA y la Comisión Consultiva de la Presidencia de la República para la coordinación de las Juntas Administradoras Ad hoc. En dicha reunión, la Comisión Técnica del Fondo de Litigios solicitó a la junta un informe sobre los procesos de contratación de firmas de abogados, así como de los pagos aprobados y efectuados para tal fin.
La Junta Ad hoc de PDVSA produce un informe de fecha 8 de mayo, dirigido a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en el cual asevera: Es de hacer notar que producto de diversas consultas y negociaciones entre la Procuraduría y la Comisión Técnica mencionada, se acordó que dicha comisión no entraría en el análisis caso por caso para autorizar pagos previos, pues se limitaría a controlar los aspectos clave de estrategia y contratación. Cabe destacar que la Junta Ad hoc de PDVSA afirmó en dicha reunión que en su oportunidad hizo llegar ese informe a la Comisión, pero es en esa misma fecha que el mismo llega de manera informal a manos de algunos miembros de la Comisión, a pesar de aparecer copiada en el texto, indica el documento.
También se afirma en el mencionado informe que: La licencia otorgada a PDV Chalmette, filial de PDV Holding, incluye un monto autorizado de un máximo de USD 20 millones. Sin embargo, vale la pena destacar que al momento de la autorización de la licencia OFAC para PDV Chalmette, existía un monto de efectivo de aproximadamente USD 10 millones disponibles en PDV Chalmette. PDV Holding continúa trabajando en la búsqueda de liquidez adicional que pudiera ser usada bajo esta licencia. A la fecha se han efectuado pagos por USD 3.980.834,87 bajo esta licencia a PDV Chalmette, quedando un remanente de aproximadamente USD 6.019.165,13. Dado que la gran mayoría de los casos legales están en curso, se continúan recibiendo facturas de las diferentes firmas, las cuales serán pagadas una vez que se concluyan los procesos de revisión, negociación y aprobación implantados para estos efectos entre la Junta Ad hoc y la Procuraduría. Estos gastos serán objeto de futuros reportes de rendición de cuenta como el presente, ante su Despacho.
Dada la gravedad de lo expuesto en ese informe de PDVSA de fecha 8 de mayo de 2020, la Comisión Técnica se pronunció de la siguiente manera:
La Comisión Técnica del Fondo Especial de Litigios manifiesta de manera CLARA e INEQUÍVOCA que nunca recibió formalmente el informe emanado de la Junta Administradora Ad hoc de PDVSA de fecha 8 de mayo de 2020, el cual no coincide con el informe presentado a esta Comisión en fecha 31 de enero de 2020. De igual manera, nunca fue consultada, ni discutida, ni se realizaron negociaciones ni se acordó en ningún momento que la Comisión no participaría en el análisis previo de las contrataciones de firmas de abogados, competencia y función claramente definidas en los acuerdos de la Asamblea Nacional de fecha 19 de noviembre de 2019 y del 20 de enero de 2020. Tan es así, que los únicos proyectos de defensa recibidos por la Comisión fueron de PDVSA en fecha 28 de abril y de la CVP en fecha 6 de mayo de 2020.
Alertan que la Comisión NO HA AUTORIZADO PAGOS con cargo al Fondo Especial de Litigios y además DENUNCIA de manera CATEGÓRICA esta situación que busca, a todas luces, subvertir la función contralora establecida por la Asamblea Nacional y asignada a la Comisión, para disponer del Fondo Especial de Litigios y efectuar pagos sin la debida autorización.
Aclaratorias y exigencias
De acuerdo con Primero Justicia, la Comisión Técnica le exigió a la Oficina del Procurador Especial y a las juntas ad hoc de PDVSA y del BCV una aclaratoria formal de los hechos descritos, y realizar una auditoría del Fondo Especial de Litigios.
Exigirle a la OPE y a las Juntas Ad hoc de PDVSA y del BCV que se abstengan de contratar u ordenar pagos de facturas de firmas de abogados con cargo al Fondo Especial de Litigios sin el correspondiente control, autorización y aprobación de la Comisión. Se exige a la OPE estricto apego a lo establecido en la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero aprobada en fecha 9 de julio de 2020 y publicada en Gaceta Legislativa N° 26 de fecha 10 de julio de 2020, agrega.
Primero Justicia explica que estos y otros señalamientos que se encuentran detallados en el documento entregado a Juan Guaidó ponen de manifiesto que la ejecutoria de la Oficina de la Procuraduría Especial de la República, no solo durante la gestión de quien desempeñó dicho cargo entre el 27 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020, sino también por lo que respecta a la actual gestión, podría estar afectada seriamente por la inobservancia y hasta violación no solo del régimen jurídico ordinario en materia presupuestaria y de control fiscal, sino incluso del régimen jurídico especial que ha venido siendo aprobado por la propia Asamblea Nacional para el manejo de recursos públicos con fines de defensa del Estado y sus activos en el exterior.
Ello amerita que se ordene la apertura de una investigación parlamentaria en el seno de la Asamblea Nacional, para que en ejercicio de sus competencias de control sobre el Gobierno y la Administración, determine si la actuación de quienes se han venido desempeñando al frente de la Procuraduría Especial de la República desde su creación, aquellos funcionarios que forman parte del Centro de Gobierno o del gobierno interino que han actuado o tomado concurso directo en el diseño de las estrategias para la defensa de los derechos e intereses de la República en el extranjero y las juntas directivas de PDVSA y BCV, se ha llevado a cabo respetando los requisitos y limitaciones establecidos en materia de régimen jurídico presupuestario y de control fiscal, pero sobre todo en lo concerniente al manejo de recursos públicos con fines de defensa del Estado y sus activos en el exterior, o si por el contrario, se ha incurrido en violaciones e irregularidades que ameriten exigir las responsabilidades a que haya lugar conforme a Derecho, expresa el documento.
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