La resolución 9855 emitida por el gobierno de Nicolás Maduro ordena a las empresas públicas y privadas a prestar a sus trabajadores para emplearlos temporalmente en el sector agroalimentario.
Sindicatos venezolanos rechazaron la medida por considerar que anula la voluntad del trabajador y obligar a la masa laboral a realizar otras funciones totalmente ajenas. Alegaron que el trabajo forzoso se aplicaba únicamente en los tiempos de la esclavitud.



